El Ayuntamiento de Madrid no puede desarrollar ningún equipamiento público en el Palacio de Duquesa de Sueca, ya que tiene que revertir el inmueble a sus anteriores propietarios y resolver el pago de un justiprecio.
El portavoz de Izquierda Unida, Ángel Pérez, incidió en que
la operación de expropiación y puesta en uso del inmueble se prolonga desde hace 14 años. Supuso un coste de 5 millones de euros que no han desembocado en el uso público del ámbito.
Y es que la historia del Consistorio con este edificio ha sido un camino de cristales rotos. Según el coordinador general de Urbanismo, Juan José de Gracia,
el edificio fue expropiado en 1999. El Ejecutivo de José María Álvarez del Manzano se planteó trasladar allí el Área de Familia y Servicios Sociales. Pero la llegada de Ana Botella al Consistorio truncó estos planes, ya que, al hacerse cargo de este departamento en 2003, presionó para trasladarse a la calle de Ortega y Gasset, en el distrito de Salamanca.
Así las cosas, el edificio quedó vacío a la espera de un nuevo uso. En su interior vivía Carmen Martín, que había nacido en el edificio y que permaneció en él hasta su muerte, hace apenas unas semanas. Como este no llegaba, en 2004,
los expropietarios pidieron la reversión del edificio, ya que no se había cumplido el uso público que previó el Consistorio.
El Ayuntamiento se negó pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dio la razón a los particulares.
El Área de Urbanismo anunció que usaría el inmueble para acoger viviendas sociales para jóvenes de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, y luego
un equipamiento social. Pero la batalla legal ya había comenzado y el proyecto quedó bloqueado. Como no hubo acuerdo entre las partes, en 2010, Hacienda estableció cuál debía ser el justiprecio que el Ayuntamiento debía abonar a los expropietarios.
Esta fue una nueva razón para ir a los tribunales. Tras 15 recursos, el juzgado debe decidir cuál es el justiprecio, cantidad que no ha trascendido por ahora.
En cuanto se concrete, el Ayuntamiento deberá proceder al pago y a la reversión del inmueble a sus anteriores dueños. En estas circunstancias, el Ayuntamiento admite que no puede proceder a realizar ninguna actuación en el inmueble.
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