El vicepresidente regional, Ignacio González, dejó muy claro este jueves que la postura del Gobierno de Esperanza Aguirre es taxativa: el
plazo de dos años a partir del cual la Comunidad podrá vender, enajenar u operar con los terrenos de la vía pecuaria se mantendrá. Ello a pesar de que el consejero de Interior, Francisco Granados, asegurase este miércoles a la
Cadena Ser que el plazo -como
ya se negoció en una ocasión, sin que finalmente fructificase- era susceptible de ser ampliado. "Esta [dos años de plazo] es la postura del Gobierno de la Comunidad", zanjó González.
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Los ayuntamientos de Rivas Vaciamadrid y Coslada -por cuyo territorio discurre la Cañada-, la Delegación del Gobierno en Madrid y los grupos del PSOE e IU en la Asamblea y el Ayuntamiento de Madrid exigen a Esperanza Aguirre que les convoque de forma urgente para modificar el texto de la ley, cuya aprobación está prevista para el próximo
10 de marzo. Exigen que la Comunidad se comprometa por escrito a solucionar los
realojos y la
atención social de las entre 14.000 y 40.000 personas que viven en la zona antes de acometer cualquier trámite urbanístico. La Comunidad, sentenció su vicepresidente este miércoles, cree en cambio que el primer problema es el urbanístico y asegura que en eso todas las administraciones están "de acuerdo". La ley, recalcó, es el "primer paso" necesario para acabar con la
marginalidad y la ilegalidad de la Cañada. Cuando esté en vigor, garantizó, Comunidad, Delegación y ayuntamientos trabajarán "juntos" para atender a los afectados.
El Ayuntamiento no recurrirá
Seguir adelante con la ley en estas condiciones, con los ayuntamientos implicados en contra, es para PSOE e IU un
"sinsentido". La diputada Carmen Pérez (IU) denuncia que el "pretendido acuerdo" del que habla González no existe. Es más, el PP, asegura, apenas ha aceptado tres enmiendas de la oposición relativas a contar con los vecinos de la Cañada a la hora de realizar la intervención social y para que los ayuntamientos tengan derecho de tanteo preferente sobre el suelo de la Cañada.
Rivas (gobernada por IU) y Coslada (cuyo alcalde pertenece al PSOE) están dispuestas a
llevar la ley al Tribunal Constitucional. Madrid capital, sin embargo, se ha echado para atrás sólo un día después de asegurar que tomaría la misma medida porque, de hecho, es la más afectada por la Cañada.
Este jueves, tras la reunión semanal del equipo de Alberto Ruiz-Gallardón, el vicealcalde Manuel Cobo templó gaitas y afirmó que
no presentará recurso judicial alguno. Su intención, aseguró, es "buscar un acuerdo" y no entrar "en una línea de confrontación jurídica ni política con la Comunidad de Madrid". Fuentes del Partido Popular consultadas por
Madridiario aluden a una orden de Génova para evitar
conflictos internos a tres meses de las elecciones como razón del giro de 180º emprendido por el Ayuntamiento sólo 24 horas después. Precisamente, Ignacio González -mano derecha de Esperanza Aguirre- evitó en todo momento referirse a sus compañeros de partido durante su comparecencia. En cambio, sí cargó contra el alcalde de Rivas, José Masa, al que preguntó si su recurso judicial obedece a que "no quiere acabar con la Cañada Real".
Si (
No(
