Los inmigrantes aún pueden apuntarse al Censo

Durante los últimos meses, varias organizaciones de inmigrantes se han movilizado para animar a sus compatriotas a inscribirse en el Censo y mejorar el acceso al mismo, en una campaña que tanto la Federación de Asociaciones de emigrantes rumanos en España (Fedrom) como la Asociación hispano ecuatoriana Rumuñahui tildan de "satisfactoria".

Sobre este asunto, el portavoz de Rumiñahui, Raúl Jiménez, ha apuntado que "intencionadamente o no, algunos ayuntamientos ponen dificultades en empadronamientos y certificados, pero en líneas generales ha sido una oportunidad para que mucha gente se inscriba" y "las expectativas son buenas".

En este sentido, Rumiñahui ha puesto el acento en la importancia de que "las opiniones que han venido manifestando los inmigrantes" en los últimos tiempos vayan a poder transformarse en votos, lo que supone "una oportunidad para que los derechos sociales no se vulneren y tanto españoles como extranjeros puedan convivir en paz".

Por último, ha hecho un llamamiento a los grandes partidos políticos para que incorporen a personas de origen migrante en sus listas "para que se vea también su presencia como sujetos de hecho y derecho con participación política".

Este martes concluye así el plazo para inscribirse en el Censo para todos aquellos ciudadanos de países europeos mayores de 18 años con permiso de residencia de larga duración procedentes de países con los que España tenga suscrito un convenio de reciprocidad en el ejercicio del sufragio, es decir, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú y Cabo Verde.

El avance del Padrón a 1 de enero de 2010 de este organismo oficial indica que en España viven más de 1,8 millones de extranjeros procedentes de países de la Unión Europea que son mayores de 18 años y que, por tanto, podrían votar en mayo. Cuentan asimismo, las personas de origen migrante que han obtenido la nacionalidad y que como españoles, participarán en el proceso. No obstante, el requisito de haber residido en España de forma legal y continuada durante al menos cinco años reducirá sensiblemente la cifra, igual que la necesidad de contar con un permiso de residencia en vigor.