El Consejo Fiscal pone en duda los aspectos más polémicos de la 'ley de la patada en la web'

El órgano asesor del fiscal general del Estado cuestiona en su informe sobre la Ley de Economía Sostenible (cuya polémica disposición final se refiere al cierre de páginas web con enlaces a contenidos protegidos) que la normativa haya situado la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual "al mismo nivel" que los derechos ciudadanos de máxima protección. Precisamente, esta es la crítica que la plataforma de expertos e internautas Red SOStenible había hecho a la ley desde el primer momento.

Para el Consejo Fiscal, la propiedad intelectual debe ser tratada "como derecho de propiedad" y no como un derecho fundamental, ya que ésta "no parece alzarse al mismo nivel" que intereses generales como el orden público o colectivos situados en una posición de debilidad, como los menores.

El Ministerio Público también advierte en su escrito de contradicciones como que la Comisión de Propiedad Intelectual (CPI) -órgano administrativo que decretará los cierres de las webs- pida a los operadores de servicios de Internet datos para identificar a quienes enlacen en su web a páginas de descargas de contenidos protegidos. Según la Fiscalía, parte de esos datos sólo pueden obtenerse bajo autorización judicial.

Una comisión 'confusa'
La Fiscalía también pone en solfa la regulación que la ley hace de la estructura de la CPI, que "resulta confusa" porque "más que crear una Comisión con un mínimo común denominador parece originar dos", una que ejerce "labores de mediación" y otra que interviene en los servicios de la sociedad de información "con un enorme potencial de incidencia invasiva en la esfera de derechos fundamentales".

Por último, el informe recuerda que pese a que la ley prevé que los Juzgados de lo Contencioso de la Audiencia Nacional podrán acordar, a propuesta de la CPI, el cierre de páginas web o la retirada de contenidos de las mismas, esta medida "queda limitada a los casos en que el prestador del servicio está establecido en España o en un Estado de la UE o del Espacio Económico Europeo". Esto confirma las advertencias hechas por Red SOS, que ya ha alertado de que cuando se cierren estas páginas en dominios españoles, surgirán otras con dominios en países fuera de la Unión Europea, por lo que el problema no se solucionará. La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, calificó este mismo martes de "muy valioso y constructivo" el informe.

La alternativa que maneja el Gobierno es impedir el acceso desde España a esas nuevas páginas, sobre lo que el presidente de la Asociación de Internautas, Víctor Domingo, expresó sus preocupaciones a Madridiario: "Espero que no se atrevan".