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Estos chicos, muchos de los cuales no alcanzan los 18 años, son adolescentes que por uno u otro motivo no encajan en el instituto. La mayoría tiene, además, problemas familiares que varían desde graves dificultades económicas hasta falta de control o adicciones de sus padres. Otros llegan aquí derivados por la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor (ARRMI), dependiente de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, para que puedan formarse mientras cumplen alguna medida judicial.
Lo que tienen en común todas estas circunstancias es que los sitúan en riesgo social. Riesgo que, en el mejor de los casos, acabará situándolos en lo que ahora se connoce como 'generación ni-ni' (ni estudian ni trabajan) y, en el peor, los abocará a la delincuencia o a la marginación social. Por eso es tan importante que se formen y que aprendan un oficio, incluso aunque de momento estén sin papeles. "La educación es un derecho. No podemos negársela a ningún chico, aunque no tenga pasaporte", recuerda Sánchez.
Clases regladas





































