Las ECLU reciben formación de los ponentes más especializados del Consistorio en la materia. Estas empresas han tenido que configurarse de cero a partir de las instrucciones que dio el Consistorio en julio de 2009. Tienen que contar con tres técnicos especialistas básicos: un arquitecto, un ingeniero y un abogado. Son los directores técnicos, que deben tener cinco años de experiencia en temas de gestión urbanística. Sus subordinados sólo necesitan tres. Es decir, formación competente y de alto nivel. De hecho, las empresas que se han presentado a la ENAC han tenido que presentar su 'currículum' y pasar una auditoría para garantizar que pueden cumplir con las exigentes prestaciones que pide el municipio.

Hasta 180 personas van a dedicarse, inicialmente, a esta labor. Es una oportunidad para algunos profesionales relacionados con estos sectores, actualmente en crisis, para reconvertirse y sacar partido de este nicho de negocio cuyas posibilidades potenciales a nivel municipal y nacional son enormes.

Los cursos se desarrollan en el Instituto de Formación y Estudios del Gobierno Local de Madrid, y en el Colegio de Aparejadores. Los directores técnicos y los directivos de las 28 empresas asisten a las clases divididos en tres turnos. "Entre otras materias les enseñamos las reglas básicas de la gestión de licencias, normativa urbanística, administrativa, de incendios, de seguridad y salud pública", comenta Cayetano Prieto, director general de Organización y Régimen Jurídico del Ayuntamiento de Madrid, uno de los ponentes del curso. También hablan del Plan General de Ordenación Urbana, la Ley del Suelo y otros criterios muy especializados.

Examen final
"Se trata de transferir los conocimientos y criterios técnicos que se realizan en el Ayuntamiento a las empresas privadas. Marcar las pautas de trabajo para la certificación y conseguir una adecuada gestión compartida del examen de solicitud de licencias", continúa. Al finalizar el curso, se realiza un examen que estos trabajadores deben superar para poder ejercer esta profesión.

"Es una apuesta empresarial importante porque nos enfrentamos a un nuevo mercado en el que se externalizan los servicios de licencias. El curso debe ser duro porque tenemos que entender que la perspectiva y la responsabilidad del funcionario se traspasa a la ECLU", comenta Santiago Parras, secretario de AECCTI, una asociación de empresas de control de calidad que ha acudido de oyente al curso. Juan de Dios Alférez, decano del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales y presidente de la ECLU Ecity, agrega: "Estamos como en misa. Se han tomado muy en serio la formación y han buscado a ponentes muy cualificados. Los colegios profesionales ya tenemos la experiencia previa de haber visado durante años las licencias municipales, con lo que nuestra adaptación al sistema no va a ser tan dura como para otros".

Libre albedrío
A pesar del pensamiento positivo, por la clase sobrevuela el fantasma del 'caso Guateque', que se ha tratado en el turno de preguntas. A este respecto la respuesta es unánime: "No hemos venido a resolver esta cuestión, aunque estamos muy mentalizados con el problema. Queremos hacer un buen trabajo y el Ayuntamiento nos ha acotado bien nuestra función. No vamos a funcionar a nuestro libre albedrío", incide Alférez. De hecho, el Consistorio ha avisado que se reserva la potestad de sancionar a las ECLU con la retirada de la licencia si intentan hacer alguna tontería.

Estas ECLU van a tener una gran responsabilidad. Son las responsables de poner el sello de certificación técnica del 40 por ciento de las licencias urbanísticas que se pedirán al Gobierno municipal, aunque éste tendrá la última palabra. Este trabajo se realizará en dos fases: la primera entrará en marcha el 1 de abril de 2010 y responderá a las comunicaciones previas y a las licencias de implantación y modificación de actividad (en 2009 representaron el 60 por ciento). Un año después entrarán en vigor los procedimientos común y abreviado. Además recopilarán la documentación, asesorarán a sus clientes, realizarán inspecciones iniciales en los locales (el Ayuntamiento inspeccionará también), controlarán y validarán cada proyecto.

Plazo reducido
Tendrán que hacer auditorías anuales y el Consistorio hará otras por sorpresa. Además, cada una deberá contar con un seguro de responsabilidad civil. A cambio, recibirán las cuotas de servicio que antes recibía el Ayuntamiento. Tendrán una tasa máxima, por debajo de la cuál tendrán libre competencia. No certificarán las licencias residenciales, que seguirán en manos del Área de Urbanismo y de las Juntas Municipales de Distrito. La sanción será responsabilidad del Gobierno municipal.

El Consistorio asegura que el plazo de respuesta de las entidades certificadoras para dar el visto bueno a una licencia o no será de 15 días. A partir de ese momento, se trasladará la información al Ayuntamiento, que dará su visto bueno en unos dos meses, después de haberse cerciorado que se cumplen las obras mediante inspecciones. Sin embargo, lo de las dos semanas no lo tienen tan claro en las ECLU. Están a la espera de conocer el volumen de licencias por tramitar para poder dar un plazo objetivo de certificación. No obstante, creen 'a priori' que el plazo se va a reducir de forma considerable.