El ministro Francisco Caamaño aseguraba este martes en Televisión Española que internautas, blogueros y dueños de páginas webs podían estar tranquilos, ya que sólo se iban a cerrar las páginas que se dedican "de manera sistemática" a la descarga de material protegido por derechos de autor. Pero aquí llegan las contradicciones con la ministra de Cultura, Ángeles González Sinde.

En primer lugar, la disposición adicional de la Ley de Economía Sostenible, -apartado que se ha dado en llamar 'Ley Sinde'- se podrá cerrar cualquier web con enlaces a contenidos protegidos, cuando diversas sentencias judiciales ya han determinado que las páginas que favorecen los intercambios entre particulares (P2P) no son ilegales. En cambio, sí se han cerrado las webs que cobraban o se lucraban directa o indirectamente con esta actividad.

En segundo lugar, el Ministerio de Cultura reaccionó a la ola de denuncias públicas contra la ley modificándola para que la Audiencia Nacional entrase en el proceso y se garantizasen así los derechos de autores, propietarios de páginas y consumidores. Ahora, Caamaño desmiente a su compañera Ángeles González Sinde admitiendo que será la Comisión de Propiedad Intelectual creada al efecto la que decidirá si hay cierre o no: "El juez sólo va a decidir si se toma la medida cautelar de bloquear o no la página, no el fondo del asunto". Así pues, ni el derecho a la libertad de información estará regulado por una Ley Orgánica (sino por un órgano administrativo como la Comisión) ni la presencia de la Audiencia Nacional cambiará el proceso.

Lo contencioso, saturado
Además de a los internautas y a plataformas como Red SOStenible o Libertad 2.0, la medida del Gobierno no satisface al Consejo General del Poder Judicial. El órgano de Gobierno de los jueces, pese a declarar competente a la Audiencia Nacional para tratar estos casos, cree que llevar a esta jurisdicción los casos de la Ley Sinde "puede traducirse en una importante carga adicional de trabajo, lo que acaso pudiera derivar en la necesidad de ampliar la planta de esos Juzgados o en establecer ciertas medidas de refuerzo".

Red SOStenible, creada por internautas, asociaciones de usuarios de la red, bloggers influyentes, creadores y ciudadanos anónimos, ya ha denunciado que si el cierre cautelar o "secuestro" de una web se produce en 4 días, como establece la futura ley, el proceso de apelación y reapertura podría durar en cambio "años", lo que vulnera una vez más los derechos "en beneficio único de las sociedades de gestión de derechos de autor".