La prórroga del estado de alarma aprobada por el Gobierno contribuirá a resolver el conflicto de los controladores aéreos. Con esta decisión, proporcionada al desafío planteado por los controladores, el Gobierno demuestra que no le va a temblar el pulso a la hora de resolver un conflicto que lleva muchos años durmiendo el sueño de los justos.

Hasta el 3 de diciembre, todo el mundo intuía pero no conocíamos la montaña de privilegios de la que se beneficiaba el colectivo de controladores; hoy sabemos que durante años, los controladores situaron a la navegación aérea en un verdadero estado de excepción. Ellos eran el gran hermano, tenían la sartén por el mango. O se hacía lo que querían o rompían la baraja. Se situaron por encima de la ley porque alguien lo permitió. Quien claudicó a semejante tropelía fueron los Gobiernos del PP. Ahí están las fechas: el Convenio que se viene prorrogando data del año 1999, y el acuerdo alcanzado por el Gobierno entonces del PP y el sindicato USCA, unos meses después, y que consolidó privilegios como los sueldos galácticos, el cobro de horas extraordinarias al triple de la común, con prejubilaciones a partir de los 52 años, el cobro del erario público de pensiones millonarias… fue el Partido Popular quien lo consintió.

Lo ocurrido el pasado 3 y 4 de diciembre no es más que el último ejemplo de la arrogancia que destilan los controladores, pero antes ha habido más: un goteo intolerable de retrasos en los vuelos provocado por huelgas encubiertas, y cuya guinda la conocimos al leer unas declaraciones del presidente de USCA diciendo aquello de que los controladores “podían hacer caer a cualquier Gobierno”.

Pues ha sido que no. Como bien dijo el vicepresidente Rubalcaba, la reacción del Gobierno ante el secuestro perpetrado por los controladores, demuestra que quien plantea un pulso al Estado de Derecho pierde. Así de simple, así de sencillo. El Gobierno no puede permitir que en fechas tan especiales como las Navidades, un grupo de irresponsables, que han demostrado poco sentido común y no tener los pies en la tierra, vuelvan a boicotear las fiestas a cientos de miles de españoles. Como no se puede permitir, el Gobierno hace bien en utilizar un mecanismo extraordinario, como es la declaración del Estado de Alarma, para preservar un derecho fundamental como es la movilidad de la ciudadanía. De igual forma, hay abiertos más de 400 expedientes a los sediciosos controladores, prueba palpable de que el Gobierno no sólo no va a consentir más tropelías por parte de los controladores en un futuro, sino que sus acciones pasadas no permanecerán impunes, debiendo asumir sus responsabilidades.

El abandono de los puestos de trabajo por los controladores, es equiparable al abandono del quirófano, en plena operación, de un médico cirujano. De ahí que resulte grotesco escuchar las críticas del Partido Popular: equiparan al agresor con la víctima, utilizan los argumentos de los controladores, y se manejan en la ambigüedad. El PP se vuelve a equivocar: en situaciones como esta no apoyar al Gobierno es situarse del lado de los controladores. Justo lo que ha hecho el PP. Que lo hiciera Pons era previsible, le pierden los titulares aún a costa de caer en el mayor de los ridículos, pero que le siga el Partido Popular en su conjunto, demuestra lo bajo a lo que ha llegado el principal partido de la oposición.