Auctoritas y potestas

Que "los profesores deben estar investidos de una autoridad indiscutible", algo que hace tiempo vienen reclamando sin demasiado éxito, es una obviedad tan necesaria que se ha convertido en eje del debate sobre el estado de la región por obra de la “ley de autoridad del profesor” y gracia dialéctica de la presidenta Esperanza Aguirre.

También por obvia esa “autoridad” debe ser aplicada en  la escuela pública, la concertada y la privada como apuntaba el socialista Tomás Gómez. Cierto que no sería la panacea, la solución en sí misma, sino un mimbre más –que con otras palabras venía a señalar Gregorio Gordo de IU- para completar un cesto educativo que necesita del entrelazado de muchas medidas conjuntas. La ley concedería a todos los profesores la condición de autoridad pública.

En Derecho Romano se entiende por “auctoritas” una cierta legitimación socialmente reconocida que procede de un saber y que se otorga a una serie de ciudadanos. Ostenta la "auctoritas" aquella personalidad o institución que tiene capacidad moral para emitir una opinión cualificada sobre una decisión. Si bien dicha decisión no es vinculante legalmente, ni puede ser impuesta, tiene un valor de índole moral muy fuerte. El término es en realidad intraducible y la palabra castellana "autoridad" apenas es una sombra del verdadero significado de la palabra latina, pero ese es otro cantar.

El concepto se contrapone al de “potestas” o poder socialmente reconocido. Así se recoge este concepto en las enciclopedias que destacan como la fuente de "auctoritas" el Senado romano, si bien una serie de personalidades importantes también la tenían cuando no ocupaban cargos de magistraturas con "potestas".

Y así, el encuentro de pasillo de la presidenta Aguirre con José Ricardo Martínez, de UGT, y Javier López, de CCOO, para trasladarle una propuesta de retomar de inmediato el diálogo social, convocar a PSOE e IU y sentarse a consensuar medidas por el empleo y de ayuda a las familias, me parece la clave de la jornada por inteligente.

El objetivo es demostrar a la sociedad que los agentes sociales van de la mano y transmitir confianza a los ciudadanos en una pronta recuperación económica. La propuesta, según José Ricardo Martínez, es firme y sin condiciones a priori, miel sobre hojuelas, aunque tanto UGT como CCOO saben que las políticas del Ejecutivo popular están radicalmente en contra de las peticiones sindicales y de la oposición.