Con esta decisión, el Ejecutivo regional pretende evitar los fuegos en la región, ya que se estima que aproximadamente el 90 por ciento de los siniestros se inicia por causas humanas. Además, la escasa pluviosidad de la primavera y la sequedad del terreno puede provocar un aumento del riesgo de incendios, según indicó la semana pasada el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados.     

Las sanciones establecidas en materia forestal en caso de incumplimiento de esta medida van desde los 1.000 euros para los casos más leves, los 100.000 para las faltas graves, y hasta un millón de euros las muy graves, en función de los daños provocados al medio ambiente y la naturaleza. La superficie quemada la pasada temporada estival se cifró en 4,2 hectáreas de monte arbolado, la mejor campaña de la última década, según datos de la Consejería de Interior.

Los 201 incendios registrados hasta el 30 de septiembre afectaron a una superficie de 325 hectáreas, de las que el 99 por ciento eran desarboladas. De los fuegos, 154 fueron conatos, ya que su extensión fue menor de una hectáreas y 47 superaron esta superficie. No hubo ningún incendio superior a las 100 hectáreas. Un total de 2.000 personas, 550 de ellas profesionales de los retenes forestales, trabajarán esta verano con una flota de 84 unidades terrestres y cuatro helicópteros con brigadas este verano en las labores de prevención y extinción de incendios forestales.