El Gobierno insiste en blindar los vuelos

Después de que este miércoles el PSOE retirara una enmienda a la Ley Ómnibus por la se obligaba a los vecinos a soportar las molestias de los aeropuertos, el Gobierno central vuelve a intentar garantizar la operatividad de Barajas, que podría verse obligado a reducir los vuelos por orden judicial. Esta vez la medida pasará por las Cortes.

El proyecto de ley modificará la Ley de Navegación Aérea con la doble finalidad de "proteger adecuadamente" a los ciudadanos que viven en las poblaciones en el entorno de los aeropuertos competencia del Estado, afectados principalmente por el ruido ocasionado por el sobrevuelo de los aviones, y al mismo tiempo "salvaguardar los intereses generales" de los usuarios.

En la rueda posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa de la Vega, destacó que con esta iniciativa se preservan ambos derechos especialmente en el aeropuerto de Madrid-Barajas, además de garantizar "el futuro del aeropuerto y evitar la pérdida de empleos y de actividad económica".

Para De la Vega, el proyecto beneficiará por tanto no sólo a la Comunidad de Madrid sino al país en su conjunto. Así, recordó que el aeropuerto de Madrid-Barajas es el principal aeropuerto de la red pública, con cerca de 125.000 empleos, por lo que la reducción de los vuelos a la mitad supondría unas pérdidas cercanas a los 1.100 millones de euros de forma "inmediata" y a unos 3.000 millones de euros a medio y largo plazo. La sentencia que ordena reducir los vuelos ha sido recurrida por AENA.

"Con el objetivo de conciliar todos los intereses legítimos que confluyen en este tema, el proyecto de ley pone en marcha una serie de actuaciones en el aeropuerto obligando a AENA a realizar una serie de actuaciones bajo un plan de acción, además de acometer actuaciones en las viviendas de los vecinos afectados para amortiguar los efectos perjudiciales que les causa el ruido", incidió.

El Ejecutivo destacó que el nuevo proyecto reconoce el derecho de las personas afectadas por el entorno aeroportuario a ser resarcidas por los daños y perjuicios que se les ocasionen como consecuencia de la navegación aérea y garantiza que las infraestructuras aeroportuarias sigan "siendo un elemento clave" para el desarrollo de la economía nacional y la generación de empleo.

Servidumbre en seis meses
El proyecto da un plazo de seis meses al Estado para que en los aeropuertos de 250.000 operaciones al año se aprueben las correspondientes servidumbres acústicas y se atiendan los derechos afectados por la operación de los vuelos.

De esta forma, el Estado estará obligado a garantizar que en las poblaciones circundantes a dichos aeropuertos se respeten los objetivos de calidad acústica fijados en la normativa estatal y a aprobar planes de acción que incluyan las correspondientes medidas correctoras, que garanticen dichos parámetros sean aplicables al espacio interior de las viviendas aledañas. Asimismo, AENA estará obligada a evaluar de forma "continuada" del impacto ocasionado por las infraestructuras aeroportuarias.