Este convenio incluía subidas salariales por encima de la Ley de Presupuestos o licencias por matrimonio de familiares, asuntos que fueron incluidos en la demanda interpuesta por la Abogacía del Estado que vio en estos acuerdos indicios de ilegalidad.

La encargada de sacar a la luz esta nueva sentencia ha sido la portavoz de Acipa, Pilar Quintana, quien señaló este martes que las sentencias no pasan por Registro municipal sino que directamente son enviadas a una empresa jurídica en Murcia, "por lo que se hace complicado hacerse con estos documentos que deberían ser de acceso público".

Quintana recordó que en 2007 ya se advirtió de que el convenio colectivo en vigor contaba con una sentencia en contra y que, a pesar de estar en conocimiento de ello, el Gobierno municipal decidió recurrir la sentencia. La portavoz independiente lamentó que tengan que ser los ciudadanos, una vez más, los que paguen "las cosas mal hechas".

El Ayuntamiento se encuentra negociando el actual convenio colectivo en el que deberán suprimir los acuerdos alcanzados en 2002-03 y que han quedado anulados por esta sentencia. Así, Quintana criticó que sea un Gobierno socialista el que tenga a los trabajadores sin convenio, y señaló como responsables a los sindicatos que en su día criticaron la oposición de los independientes.