La reestructuración de los Centros de Atención Social de Inmigrantes (CASI) que está llevando a cabo la Administración regional ha resucitado la polémica en torno a estos dispositivos.

Este martes, tal y como adelantó Madridiario, cerró sus puertas el de Móstoles, entre las protestas de representantes socialistas en el Ayuntamiento de la ciudad. El motivo, según explicó a este periódico Gabriel Fernández, director general de Inmigración de la Comunidad de Madrid, es el fin del contrato de gestión del dispositivo con Cruz Roja.

Fernández explicó que no volverá a sacar a concurso la gestión de este CASI. Su cierre, añadió, responde a la "nueva realidad de la inmigración en Madrid que aconseja una reestructuración de estos dispositivos". En este sentido, señaló que la Comunidad ha firmado cincuenta convenios con entidades locales para que sean estas quienes lleven a cabo la atención de emergencia a los inmigrantes en situación de vulnerabilidad social, dotándoles, para ello, de los fondos necesarios, hasta un total de 18 millones de euros. Cada uno de ellos lleva aparejada la creación de, al menos, 10 plazas de acogida, por lo que estos acuerdos han supuesto al menos 500 plazas más para la red de atención de emergencia a los inmigrantes, según Fernández.

El director general de Inmigración explicó que los CASI no contaban con lista de espera ni llegaban al cien por cien de su ocupación. "Eso quiere decir que los inmigrantes están logrando incorporarse a la sociedad de forma normalizada y el hecho de que los CASI puedan convertirse en un dispositivo de segundo nivel es una buena noticia", manifestó.

Así, la idea del Ejecutivo regional no sería, en un principio, cerrar todos los CASI que existen en la región, sino convertirlos en una red secundaria que apoye a los servicios sociales municipales cuando estos se vean desbordados.

Con el cierre del CASI de Móstoles, la red de acogida de emergencia dependiente de la Comunidad ha quedado con 150 plazas. Los inmigrantes acogidos en las plazas de emergencia de este centro, explicó Fernández, cumplían los tres meses de límite de permanencia en un dispositivo de estas características, por lo que no ha sido necesario reubicarlos. Sí fueron derivados a plazas dependientes de otros CASI nueve personas que permanecían en el dispositivo de Carabanchel, cerrado la semana pasada: cuatro han pasado al de Usera y cinco al de Tetuán.

Críticas por el cierre
Tanto el director general de Inmigración como Borja Caravante, portavoz de Inmigración del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea, se mostraron este martes "sorprendidos" por las críticas de la oposición ante el cierre de este centro, ya que, señalaron, el anterior líder del PSM en la Asamblea, Rafael Simancas, llegó a pedir el cierre de estos dispositivos.

Por su parte, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Móstoles, Paz Martín, participó este martes en un acto que se celebró a las puertas del propio CASI de Móstoles, junto al diputado regional socialista y ex alcalde de Leganés, José Luis Pérez Ráez.

La portavoz socialista explicó que "a finales del mes de noviembre, varios responsables del centro estuvieron explicando al PSOE que había muchos programas previstos para inmigrantes". "Dos semanas después se tomó la decisión de desmantelar el centro", añadió.

Martín lamentó el cierre de esta infraestructura que estaba dando servicio a una treintena de municipios de la Comunidad de Madrid, entre otros Arganda del Rey, Alcorcón o Fuenlabrada. Así, señaló que "no se puede cerrar el CASI sin prever quién se va a hacer cargo de la atención a los inmigrantes. Si se hace cargo el Ayuntamiento, aún se van a precarizar aún más los ya deficientes servicios sociales del municipio", añadió.