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Rodrigo Rato (archivo)
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Rodrigo Rato (archivo) (Foto: MDO)

El Supremo justifica el traspaso del caso Rato al Juzgado de Instrucción 31 de Madrid

jueves 10 de diciembre de 2015, 12:21h
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo justifica su decisión de otorgar la competencia del caso Rato al Juzgado de Instrucción 31 de Madrid en detrimento de la Audiencia Nacional en que el núcleo de la actividad criminal que se investiga en esta causa tiene lugar en España y se dirige desde aquí.

A pesar de que parte de los fondos ilícitos con los que se relaciona al exvicepresidente del Gobierno fueran derivados al extranjero, se aprecia la existencia de un flujo de capitales entre distintas sociedades que tiene como origen o destino España o tiene lugar dentro de su territorio, se especifica en el auto.

"Precisamente en España se habrían cometido los supuestos delitos de los procederían esos fondos y también es en España donde, al parecer, tiene su domicilio social la entidad Kradronara", propiedad de Rato y que habría recibido las cantidades ilícitas para después remitirlas al extranjero. El Supremo precisa que parte del dinero acabó en la entidad alemana Bagerpleta, propietaria de un hotel en Berlín, pero dice que esto no significa que el delito de blanqueo se cometiera en ese lugar.

"Nada impide al Juzgado 31 de Madrid investigar las presuntas transferencias realizadas desde el extranjero o con destino a él", recuerda el auto redactado por Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal, que añade que el juez Serrano-Arnal se encuentra en una mejor posición para continuar con la investigación ya que se trata de hechos "complejos" y fue él quien inició la instrucción.

El auto realiza además un repaso del caso, en el que se imputan delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares a Rato y otras 13 personas. También se especifica que la mercantil Kradonara, cuya propiedad corresponde al 100 por 100 a la gibraltareña Vivaway, de la que es titular Rato, recibió cantidades que no cuantifica procedentes de posibles delitos fiscales y "otras fuentes de origen no esclarecido".

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