'Los topes a los precios de la alimentación', por Joaquín Galván

Como los ojos del Guadiana, y tras desinflarse en septiembre la propuesta de cesta de la compra con topes en los precios -promovida por la vicepresidenta Yolanda Díaz-, el Gobierno vuelve a la carga con medidas de intervención en los precios de la alimentación.

En efecto, el ministro de agricultura, Luis Planas, anunció hace unos días que se estaban preparando 3 o 4 tipos de medidas para el mes de enero, que se orientarían a limitar el ascenso de los precios alimentarios y a ayudar especialmente a las familias más vulnerables y al conjunto de la sociedad. No obstante, si es que las sabía, no detalló qué medidas serían.

¿Qué supone la limitación de precios?

La doctrina nos lleva a señalar que los precios máximos han funcionado históricamente mal. Si se impone un precio máximo por debajo del precio de mercado, eso lleva a que el productor no tenga incentivos para vender el bien de que se trate, dejando de llevar el producto al mercado y originando un desabastecimiento; en todo caso, tenderá a venderlo por la “puerta trasera”. Por tanto, se reducirá la oferta de esos productos, generando escasez y favoreciendo la aparición de un mercado negro. Por si esto fuera poco, si las autoridades quieren evitar esta situación, se verán compelidas a crear un sistema de inspección, control y sanciones, con lo que ya comenzaremos a hablar de un estado policial.

El consumidor, por su parte, tenderá a sobrecomprar ese producto porque percibe está por debajo de su precio natural, y también porque -ante el temor a la escasez- prefiere acaparar una cierta cantidad (desdibujándose el efecto de disciplina que imponen los precios). Las actuaciones de los productores y consumidores conducen, en la mayoría de los casos, al colapso del sector.

Los precios son información: dan señales de la valoración de los bienes entre sí que llevan a ajustar la oferta y la demanda, y sirven como incentivo para que los empresarios actúen. Si estos complejos mecanismos se descabalan mediante la intervención, se allana el camino hacia la miseria.

En este sentido, nuestro organismo regulador -la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC)- se ha mostrado reticente desde el principio, avisando de que un acuerdo para fijar precios máximos, aunque a muy corto plazo y de forma muy puntual pueda contener los precios de algunos productos, “puede desembocar en precios más altos, menos innovación, menor inversión y una alteración negativa de la estructura competitiva del mercado”.

Planteamiento y medidas propuestas

El Gobierno pretende justificar el desarrollo de estas medidas con el aumento de la inflación. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la inflación interanual en noviembre (que no la inflación acumulada) se ha moderado relativamente hasta un 6,8% pero, el precio interanual de los alimentos se ha elevado un significativo 15,3%; más del doble. Con esta situación, y utilizando como chivo expiatorio (implícita o explícitamente, según la facción del Gobierno) el sector de la distribución, se han difundido varias propuestas:

Podemos ha planteado el reparto de un cheque extraordinario de entre 200 y 300 euros para las familias vulnerables y un impuesto del 33% a los “beneficios extraordinarios” de las grandes superficies (extendiendo el impuestazo de bancos y energéticas).

Otra propuesta posible es el cheque-comida para paliar el efecto de la escalada inflacionista en ciertos colectivos. Este cheque-comida haría de sucesor de la subvención de 20 céntimos por litro de gasolina, que se eliminaría a finales de año.

La cesta con topes a los precios, ya fracasada a finales del verano, se ha vuelto a plantear con menores ambiciones: cesta a módico precio, vinculada a un código voluntario de buenas prácticas para los supermercados.

La creación de una compañía pública de alimentos con una red pública de supermercados siempre ha sido una aspiración de la esfera totalitaria.

También se ha valorado abordar la vía fiscal, con una rebaja selectiva del IVA para ciertos productos que están gravados ahora con el IVA reducido del 10% y pasarlos al superreducido del 4%.

Estas propuestas -y otras posibles-, que se han ido dejando caer para permear sobre la opinión pública, están en casi todos los casos impregnadas de intervencionismo estatal. Se trasluce la errónea creencia de los políticos de que lo que ellos determinen lleva a una asignación de recursos más eficiente que la que se realiza con el libre funcionamiento del mercado. Esta creencia y el planteamiento de una situación como de emergencia (inflación, invasión de Ucrania, carestía…) son las excusas de la injerencia de los gobernantes en el funcionamiento de los mercados; en teoría, para satisfacer mejor a todo el mundo de forma igualitaria. Ya hemos visto esta receta fracasada en los manidos -aunque contrastados- casos de Venezuela, Cuba o la extinta Unión Soviética.

Al final alguien tiene que pagar el precio. La cadena agroalimentaria tiene unos márgenes ajustados y, a veces, casi nulos; sin olvidar que quien siempre sale ganando con las subidas de precios es el Estado, con una docena de impuestos en la cadena de producción y distribución de alimentos. Todos estos movimientos que “corrigen” al mercado tienen detrás una subvención que hay que pagar, y recae, en principio, sobre el Estado; pero el Estado no produce, por lo que recaerá al final en el contribuyente (al igual que en la energía, los precios que nos bajan ahora nos los cobrarán después por otro lado).

En una situación de récord en recaudación fiscal, para ayudar a la población general y, especialmente, a los colectivos vulnerables, lo más indicado sería limar el exceso de recaudación conseguido gracias a la inflación (también deflactando las tablas del IRPF) y, en todo caso, rebajar selectivamente el IVA de algunos productos alimenticios básicos.

Políticamente, con la contumacia del Gobierno en no controlar el ineficiente gasto público, y con la necesidad de medidas efectistas para tapar las nocivas repercusiones para el Ejecutivo de la reforma del código penal, gana enteros la posibilidad de subvención con un cheque electoral en forma de cheque-comida; esperemos que sea sólo para los colectivos vulnerables y no distorsione el sistema de precios. Esta posibilidad da la apariencia de que el Gobierno “hace algo”, y entronca con los demás cheques (bono cultural para jóvenes, ayudas al coche eléctrico, subvención a la gasolina o billetes de tren) que, como resalta la Fundación de estudios de Economía Aplicada (Fedea), en muchos casos “están ayudando a grupos que no las necesitan".

Otra amenaza a esta política será que el Banco Central Europeo, además de seguir aumentando los tipos de interés, comenzará a reducir desde marzo la compra de deuda a los estados miembros -dejando de recomprar la mitad de las emisiones de deuda que venzan-. Con esto, se finaliza la política de relajación monetaria, que suponía una “barra libre” a tipos contenidos para nuestra deuda; en consecuencia, la deuda española volverá a estar amenazada por la prima de riesgo, al tener que competir abiertamente en los mercados internacionales -que exigen solvencia en las cuentas públicas para poder afrontar los pagos de la deuda-. El Gobierno deberá andarse con pies de plomo para financiar su política expansiva de dádivas que engrosan el gasto público porque, de otro modo, volveremos a una situación crítica análoga a la de 2011.