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OPINIÓN

'El tope al precio del gas y sus consecuencias', por Joaquín Galván

Por Joaquín Galván Vallina
jueves 26 de mayo de 2022, 10:59h

Todo tiene un precio; hasta seguir con vida un día más. Es inútil enfrentarse a esta realidad; lo más que se puede hacer es agitar el tablero de juego y hacer que los precios de unos los paguen otros, o simular que es así cuando no lo es.

En el mercado eléctrico español, el Gobierno, debido a la existencia de un mercado marginalista en el que el precio de toda la electricidad viene marcado mayoritariamente por el del gas natural, optó por topar ese precio para que afectase al precio total de la factura eléctrica. El objetivo final de esta medida es contener la inflación, pero también el impacto en las economías domésticas del importe creciente de la factura eléctrica.

Para poner tope en el precio del gas se necesita la autorización de la Comisión Europea, lo que está suponiendo un proceso relativamente dilatado. El pasado 26 de abril, la Comisión Europea, después de tensas conversaciones y en tiempo de descuento, concedió a España y Portugal una solución de compromiso, menguada sobre lo solicitado inicialmente y con una cuidada denominación en términos de imagen: la “excepción ibérica” o "isla energética" (debido a la baja capacidad de interconexión de la península ibérica con el resto de Europa). Este régimen permite topar el precio del gas durante un año (en vez del 30 de junio, como se preveía inicialmente) y con un tope de 50 euros (frente a los treinta solicitados).

Con lo fácil que lo tenía el Gobierno bajando los impuestos -como los demás países europeos-, y ha optado por una medida intervencionista, no compatible con la normativa europea (por eso es excepcional y limitada en el tiempo) y que, evidentemente, no toca el germen del problema, que es el aumento del precio del gas. Se hace patente que el centro de gravedad de la política económica sigue siendo el aumento de la recaudación fiscal. Como siempre, financiar el desmedido e ineficiente gasto público es lo que prevalece.

Finalmente, con fecha del pasado 13 de mayo, se aprobó un real decreto “por el que se establece con carácter temporal un mecanismo de ajuste de costes de producción para la reducción del precio de la electricidad en el mercado mayorista”, que se demorará en su aplicación hasta que la Comisión Europea otorgue su autorización y ésta se publique en el Boletín Oficial del Estado -con la fecha de inicio del mecanismo-, cosa que se estima que lleve alrededor de dos semanas más.

Ya nos metemos casi en temporada de verano, y los impuestos “engordados” por la subida del precio han golpeado ya todo el invierno. El Gobierno ha ganado tiempo para engrosar las arcas de Hacienda, y la medida se comenzará a aplicar cuando, tras el invierno, se hayan reducido los consumos de gas y electricidad (aún no ha comenzado el período de consumo intenso de aire acondicionado). Bien es verdad que el Gobierno, al haber conseguido aplicar la medida durante un año, lo hará también el próximo invierno; pero también será en un período donde se estima que el descontrol de los precios se haya moderado sustancialmente (al reducirse las incertidumbres sobre la invasión de Ucrania).

En el real decreto, el precio de referencia del gas que se aplicará será de 40 €/MWh durante los seis primeros meses, aumentando mensualmente 5 €/MWh de forma acumulativa hasta llegar a 70 €/MWh en el último mes. A partir de ahí, se saldrá de la medida gradualmente hasta finalizar la aplicación del mecanismo. Estos 50 euros iniciales son el precio máximo del gas que funcionará como referencia en la subasta diaria de la electricidad en el mercado mayorista. No es que la luz vaya a bajar a 50 euros, sino que sobre estos 50 euros de precio máximo se aplicarán los demás conceptos para componer el precio final de la factura.

La diferencia entre este precio de referencia y el precio de mercado supondrá pagar una compensación a las centrales de gas. Esta compensación será distribuida por el operador del sistema en los recibos de los consumidores (es decir, paga usted). De entrada, la pagarán los consumidores del mercado regulado, los que están sujetos al PVPC (precio voluntario para el pequeño consumidor); posteriormente, los que están en el mercado libre (con contratos a precio fijo) cuando haya que renovar su contrato. Sólo los consumidores con contratos a precio fijo a largo plazo, con vencimiento superior al año en que se aplique la medida, no se verán afectados por la misma.

Según el Gobierno, los principales beneficiados de este ajuste son los consumidores sujetos al PVPC, estimando una reducción en la factura de la luz de alrededor de un 30% para un consumidor medio de esta tarifa regulada. También prevé el ejecutivo que con el nuevo mecanismo se reducirán los ingresos suplementarios de las eléctricas, al dejar de cobrar por otras energías (como la hidráulica, la nuclear o algunas renovables) el precio marginal que marca el gas o, en su caso, el carbón.

Será necesario observar cómo evoluciona el mercado: al principio sólo pagarán la compensación los consumidores con tarifa regulada; luego, al ir incorporándose los del mercado libre, la compensación estará más repartida, aunque simultáneamente irá subiendo el tope al gas durante un semestre. Habrá que esperar a ver si los efectos positivos no se neutralizan y si, como sostiene la Administración, resulta en cualquier caso un precio final inferior al que se daría en ausencia de la medida.

Para reducir la volatilidad del PVPC se introducen en su metodología de cálculo referencias a productos de mercados a plazo, incorporándose en su formulación de cálculo una componente de precio basada en una cesta de productos a plazo (entre ellos, futuros anuales, futuros trimestrales y futuros mensuales) y del mercado diario e intradía. Hasta ahora, el Gobierno había rehusado aplicar esta medida, aunque está permitida por Bruselas y se aplica en gran parte de la Unión Europea.

No obstante, los mercados a plazo en la Península Ibérica -tanto organizados como no organizados- tienen un problema: una tradicional falta de liquidez, que dificulta la adecuada y realista formación de los precios en los mismos. Una de las razones a las que atribuye el Gobierno este problema “es que las instalaciones de tecnologías renovables, cogeneración y residuos acogidas al régimen retributivo específico (RECORE), que aportan aproximadamente el 38 % de la demanda eléctrica, establecen estrategias de venta de su producción en el mercado diario e intradiario sin participar en los mercados a plazo”. Por ello, para fomentar la liquidez en el mercado de la energía, se incorporan al mecanismo de ajuste por desviaciones en el precio de mercado referencias a productos de mercados a plazo (anuales, trimestrales y mensuales) vinculados a las ventas de electricidad de renovables, cogeneración y residuos sujetas al RECORE.

Con estas medidas sobre la metodología de cálculo del PVPC y del fomento de la liquidez en los mercados de energía, el Gobierno confía en reducir la volatilidad y el precio final de la energía de los consumidores acogidos al PVPC. Como poco, el mercado de futuros tenderá a dar una mayor estabilidad al precio que el volátil mercado al contado; aunque está por verse la eficacia de las referencias vinculadas a las renovables en el mercado a plazo para aumentar la liquidez.

Otro efecto de la aplicación de este mecanismo de ajuste articulado en el decreto-ley es que, al reducirse el precio de casación marginal en las zonas española y portuguesa, se beneficiará Francia también de esta bajada de precio, incrementándose las exportaciones de electricidad a este país vecino (al no pagar Francia la compensación del gas). Para corregir esta situación “se ha habilitado una vía excepcional para poder hacer un uso de las rentas de congestión adicionales en dicha interconexión (rentas de congestión que son proporcionales tanto a la energía de frontera como a la diferencia de precio) en la minoración del coste total del mecanismo de ajuste”. Por tanto, las rentas de congestión que recibe España de Francia se supone que compensarán la rebaja en la factura eléctrica que paga Francia.

En conjunto, nos encontramos con un mecanismo de ajuste de carácter coyuntural (con un año de duración) e intervencionista; para salir del paso ante una situación apurada, pero con un alcance limitado. El efecto inmediato es el alivio para las economías domésticas de la esperable bajada de la factura de la luz en el caso de los consumidores sujetos al mercado regulado. Otra cualidad reseñable es la introducción en la metodología de cálculo del PVPC de referencias a productos de mercados a plazo; esta línea metodológica puede ser altamente eficaz para reducir la volatilidad en los precios, aunque hay que superar el escollo de la falta de liquidez de los mercados a plazo peninsulares, donde España tiene una dilatada historia de fracasos en distintos sectores.

Las medidas intervencionistas que intentan parchear el problema sin atacarlo de raíz suponen regulaciones que llevan a disfunciones y que exigen nuevas regulaciones, repitiéndose este proceso ad infinitum. La intervención no baja el precio de la luz, y ese precio lo tiene que pagar alguien.

Por lo demás, frente a lo coyuntural de la medida, se haría necesaria una reforma estructural del mercado eléctrico. Medidas como referenciar el PVPC al precio medio ponderado de la subasta, y no al marginal, serían opciones a plantear dentro de una reforma total del mercado eléctrico español.

Joaquín Galván Vallina

Doctor en CC. Económicas y Empresariales. Profesor de la Universidad Europea de Madrid

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