En la sentencia, el magistrado del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 9 de Madrid destaca que es "representativo el comportamiento de la inspectora, que era a quien correspondía controlar la situación e intervenir en el caso de pasividad por parte del centro, ya que estuvieron informados del asunto". La Comunidad de Madrid tendrá que pagar las costas del juicio.
