El Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Madrid (STEM) ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra el reciente decreto que regula el cambio de jornada escolar en los colegios públicos de Infantil y Primaria y de Educación Especial de la Comunidad de Madrid, argumentando que la norma vulnera los derechos del profesorado y altera la organización de los centros educativos sin tener en cuenta a los docentes.
Según el sindicato, el decreto “afecta a las condiciones laborales y de conciliación del profesorado sin contar con su opinión” y “rompe el consenso y alienta la división de la comunidad educativa”. STEM critica además que la normativa “ni siquiera permite una elección real” sobre la jornada, ya que “al final, el Director de Área es quien decide”.
El sindicato también cuestiona la eficacia del decreto en materia de conciliación familiar y pedagógica, afirmando que “no tiene ningún efecto sobre la conciliación de las familias y no atiende a criterios científicos ni pedagógicos, sino a planteamientos economicistas de la OCDE ajenos al interés de los menores”. A juicio de STEM, la medida se salta además los principios establecidos por la LOMLOE, ofreciendo “suficientes argumentos jurídicos para combatirlo en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM)”.
El sindicato ha recomendado prudencia a los centros educativos ante posibles problemas organizativos que podrían surgir si el decreto fuera anulado y se ha reservado el derecho a impugnar cualquier cambio de jornada realizado “al amparo de este decreto y contrario al criterio del Claustro”, reiterando su compromiso de defender los derechos del profesorado.
No es el único sindicato contrario al decreto. CCOO, UGT, CSIF y ANPE, presentes en la Mesa Sectorial de Educación, anunciaban recientemente que iban a estudiar emprender acciones judiciales contra esta normativa al considerar que “coarta la democracia” en los centros, puede provocar que los alumnos “no rindan bien” y empeorará las condiciones laborales del profesorado.
Qué dice el decreto
El decreto establece que, con carácter general, la jornada lectiva se organice en dos sesiones de mañana y tarde, separadas por un intervalo de dos horas, manteniendo la posibilidad de jornada continuada en septiembre y junio.
Los colegios públicos que lo deseen podrán iniciar el procedimiento para cambiar su jornada al horario partido, siempre que al menos un tercio del Consejo Escolar impulse la iniciativa y se realicen consultas al claustro, al consejo y a las familias, incluyendo una votación presencial o telemática con mayoría favorable de los votos emitidos.
Una vez confirmado el escrutinio, la Dirección de Área Territorial deberá autorizar el cambio, previo informe de la Inspección Educativa y atendiendo a criterios organizativos, pedagógicos y de conciliación familiar, completándose todo el proceso antes del 15 de marzo de cada año.
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