Los sindicatos de la Mesa Sectorial de Educación (CC.OO., UGT, CSIF y ANPE) estudian emprender acciones judiciales contra la normativa que regula la implantación de la jornada partida en los colegios públicos de Infantil y Primaria y de Educación Especial de la Comunidad de Madrid. Consideran que la medida “coarta la democracia” en los centros, puede provocar que los alumnos “no rindan bien” y supondrá un empeoramiento de las condiciones laborales del profesorado.
Así lo han trasladado a Europa Press los representantes sindicales tras analizar el contenido del decreto. CSIF ha sido la primera organización en dar el paso al anunciar la presentación de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). CC.OO. y ANPE ya han decidido acudir también a los tribunales, a la espera de concretar sus alegaciones con sus respectivos equipos jurídicos, mientras que UGT continúa estudiando las posibles acciones legales.
La secretaria general de la Federación de Enseñanza de CC.OO. Madrid, Aída San Millán, ha subrayado que “no es una cuestión de si la jornada continua o la partida es mejor”, aunque ha recordado que existen informes que apuntan a que la atención del alumnado disminuye tras la comida. En su opinión, los centros deben contar con “democracia interna” y no se puede decidir “desde una silla sin tener en cuenta las zonas y los barrios concretos”, ya que “no todos necesitan las mismas cosas”.
San Millán ha denunciado además que la nueva normativa “coarta” la democracia en los colegios, ya que en los procesos de votación para el cambio de jornada “la última palabra” la tiene la Dirección de Área Territorial correspondiente. “Están quitando el derecho de decidir”, ha advertido.
En la misma línea, el secretario de Enseñanza de UGT Servicios Públicos de Madrid, Javier Becerra, ha criticado un texto que “incide de manera directa en las condiciones de trabajo del personal docente de las etapas educativas más tempranas sin que haya existido una negociación con las organizaciones sindicales”. A su juicio, la norma elimina la necesidad de alcanzar un consenso entre los distintos miembros de la comunidad educativa y “habilita a que la Administración decida seguir adelante en contra de la voluntad global del centro”, lo que genera “un clima de convivencia cada vez más tenso”.
Becerra ha lamentado también que la normativa no aclare si se aportarán los recursos económicos, materiales y de personal necesarios para “poder acometer la transformación al modelo que se plantea”, ni el posible sobrecoste que podría recaer sobre las familias.
“Afecta a las condiciones laborales”
Por su parte, el presidente de CSIF Educación Madrid, Miguel Ángel González, ha denunciado que el decreto no haya sido objeto de negociación sindical pese a que “modifica sustancialmente las condiciones laborales del profesorado, vulnerando los principios básicos de la negociación colectiva en el ámbito educativo”.
González ha acusado al Ejecutivo autonómico de haber aprobado la normativa “con el mayor sigilo posible”, coincidiendo con el inicio de las vacaciones de Navidad del profesorado, “en un claro intento de minimizar la reacción social, sindical y mediática ante una medida de enorme impacto”.
Desde CSIF consideran que la “justificación” del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que vincula la jornada partida con la mejora del rendimiento académico, la conciliación familiar o la libertad de elección, se ha realizado “sin aportar estudios ni datos objetivos que respalden dichas afirmaciones y a costa de deteriorar las condiciones laborales del profesorado”. También ha censurado la “práctica ya habitual del Ejecutivo autonómico” de aprobar normativa educativa “relevante” en periodos no lectivos, “sin diálogo previo y con escaso respeto institucional hacia los docentes”.
“Hay niños que después de comer no vuelven”
La vicepresidenta de ANPE, Carolina Fernández, ha reprochado a la Comunidad de Madrid que “no respete la autonomía de los centros para que se pueda cambiar de jornada” y ha defendido que los docentes “conocen las realidades de los alumnos, que dependen del lugar donde están”.
Fernández ha pedido abordar este tipo de cambios “con calma” y ha advertido de que “no se puede cambiar así de rápido porque pensamos esto ahora”. En este sentido, ha alertado de que “hay niños de colectivos vulnerables que si se van a casa a comer, no vuelven” y ha recordado que España se sitúa por encima del promedio europeo en horas lectivas en Primaria y Secundaria.
A su juicio, la medida supone un “desprecio” al profesorado y ha recalcado que los docentes “no son cuidadores”. “Cada profesión tiene que tener su sitio y hacer lo que tiene que hacer, pero se está diciendo que valemos para todo”, ha concluido.
El decreto
El Consejo de Gobierno autorizó el pasado 23 de diciembre el decreto que establece que la jornada lectiva se organice, con carácter general, en dos sesiones de mañana y tarde separadas por un intervalo de dos horas, manteniendo la posibilidad de jornada continuada en los meses de septiembre y junio.
Los colegios públicos que lo deseen podrán iniciar el procedimiento para cambiar su jornada escolar al horario partido. La iniciativa deberá partir de al menos un tercio del Consejo Escolar del centro y contemplará consultas al claustro, al propio consejo y a las familias, además de una votación presencial o telemática, que requerirá mayoría favorable de los votos emitidos.
Una vez confirmado el escrutinio, el resultado será trasladado a la Dirección de Área Territorial correspondiente, cuyo titular deberá autorizar el cambio, previo informe de la Inspección Educativa y atendiendo a criterios organizativos, pedagógicos y de conciliación familiar. Todo el proceso deberá completarse antes del 15 de marzo de cada año.
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