La plataforma #NiUnDesahucioMás, que integra a más de un centenar de organizaciones de todo el país, ha convocado una concentración este miércoles ante el Congreso para protestar por el rechazo parlamentario a la prórroga del denominado escudo social y de la moratoria antidesahucios.
La movilización llega después de que el Pleno del Congreso derogara el decreto ley que incluía medidas como la revalorización de las pensiones y la suspensión de los desahucios y de los cortes de suministros básicos a personas vulnerables, una decisión adoptada con los votos de PP, Vox y Junts.
La protesta en la Plaza de las Cortes, frente a la Cámara Baja, ha contado con una convocatoria paralela en Barcelona. En ambos actos se ha exigido al Gobierno la aprobación de un nuevo decreto ley “que evite la inseguridad jurídica a las familias”.
Desde la plataforma reclaman medidas “urgentes” para recuperar la moratoria de desahucios y para prorrogar de forma obligatoria los más de 600.000 contratos de alquiler que se prevé que expiren este año “y que, como consecuencia de la actual crisis de vivienda, derivarán en más lanzamientos”.
La convocatoria está respaldada por más de cien entidades estatales, entre ellas la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV), de la que forma parte la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), así como CCOO y Amnistía Internacional Madrid, entre otras organizaciones sociales.
Desde la FRAVM han reconocido que la moratoria antidesahucios requería “mejoras notables para ampliar su cobertura”, pero han defendido que “era la única medida que había demostrado su efectividad” para frenar los desalojos de familias vulnerables sin alternativa habitacional.
En un comunicado, han subrayado que esta moratoria “mantiene paralizados unos 70.000 desalojos de personas en situación de vulnerabilidad” y han añadido que “la medida, incluida dentro del escudo social, había conseguido detener uno de cada cuatro desahucios desde su puesta en marcha en 2020”.
Por ello, han denunciado “la enorme irresponsabilidad” de dejar decaer el decreto ley, una decisión que, a su juicio, está “causando inseguridad e incertidumbre a las familias”.
Las críticas se han dirigido a los grupos parlamentarios que votaron en contra y, “en especial a Junts”, al que han recordado el “especial contexto catalán en el que se reactivarán más de 13.000 procesos de desahucio”.
Los convocantes también han señalado al Gobierno como “actor indispensable” para que la norma no haya salido adelante, al no haber logrado los apoyos necesarios ni haber planteado “ninguna medida estructural y permanente que garantice el derecho a la vivienda”.
En este contexto, exigien al Ejecutivo la aprobación de un nuevo decreto ley “que dé cobertura jurídica clara a todos los lanzamientos, ampliando la protección a las familias vulnerables”. “Además, el Ejecutivo tiene que trabajar con los apoyos necesarios para sacar adelante esta medida con garantías”, han añadido.
Una vez aprobada esta norma, la plataforma plantea abrir una negociación con el Gobierno y los grupos parlamentarios para acordar un plan de actuación “urgente” que garantice el mantenimiento de la vivienda o un realojo digno. Entre las medidas propuestas figuran la movilización de fondos del Plan Estatal de Vivienda, el uso del tanteo y retracto para activar viviendas privadas “en manos de grandes tenedores” y la puesta a disposición de viviendas de la Sareb, “especialmente ante el anuncio de la venta inminente de grandes carteras de viviendas por parte de los fondos de inversión”.
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