La Delegación del Gobierno en Madrid ha prohibido la manifestación que el partido La Falange tenía prevista para este viernes, en conmemoración del 20N, que iba a discurrir por el centro de la capital y finalizar en la calle Ferraz.
La decisión, adoptada tras un informe de la Jefatura Superior de Policía, se basa en la existencia de un "riesgo cierto, real y objetivamente acreditado de alteraciones del orden público con peligro para personas y bienes".
El escrito de la Delegación del Gobierno, al que ha tenido acceso Europa Press, subraya que el punto final del recorrido, la calle Ferraz, constituye el de "mayor vulnerabilidad" debido a su "carga política", su "exposición mediática" y la "reiteración de concentraciones ideológicas" recientes en el mismo espacio.
Además de la carga simbólica de Ferraz, la Delegación argumenta que la prohibición se justifica por el contexto de "especial sensibilidad social" derivado del 50º aniversario de la muerte de Francisco Franco y el proceso de resignificación del Valle de Cuelgamuros, factores que han intensificado la actividad de grupos de extrema derecha.
La autoridad gubernativa señaló que no era posible adoptar medidas menos restrictivas, como el cambio de ubicación o de recorrido, dado que no serían suficientes para neutralizar el riesgo existente.
Antecedentes de violencia y discursos de odio
Para fundamentar el riesgo, la Delegación recordó incidentes recientes, como la manifestación convocada el 8 de noviembre por el grupo Núcleo Nacional, que tuvo que ser disuelta con cargas policiales tras registrarse quema de contenedores y daños en el mobiliario urbano.
Asimismo, se alegaron razones objetivas para prever que en la manifestación de La Falange, cuyo lema era 'No parar hasta reconquistar', pudieran producirse discursos de odio, humillación de las víctimas del franquismo o exaltación de la dictadura, a la vista del historial del convocante y el contexto de tensión social.
La prohibición se ampara en el artículo 10 de la Ley Orgánica reguladora del Derecho de Reunión, al no existir medidas menos restrictivas capaces de garantizar la seguridad de personas y bienes.
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