La presentación del Informe Anual del Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid correspondiente al año 2023 ha servido como percha para el rescate de un debate manido meses atrás en la Asamblea de Vallecas: la necesidad -o no- de haber reformado este órgano y que, al mismo tiempo, continúe siendo garante, con plena objetividad, de la transparencia en la gestión pública de la región.
Mientras desde el Grupo Parlamentario Popular han vuelto a defender la simplificación y mejora de la eficacia en su funcionamiento, aprobada por la vía de urgencia el pasado mes de diciembre a través de la conocida como 'Ley Ómnibus 2', el resto de fuerzas han reiterado su oposición a lo que no dudan en definir como la “defunción” del Consejo. Consideran, por ende, que su restructuración no es más que un intento del Ejecutivo que encabeza Isabel Díaz Ayuso para “colonizar” una institución que les resulta "incómoda", con casos tan sonados como el del expediente académico de la propia presidenta, terminando así de facto con sus principios fundacionales: la independencia, la autonomía y la capacidad sancionadora.
Para el diputado Popular José Virgilio Medrano la reforma llevada a cabo en la estructura del Consejo de Transparencia, así como el modo de elección de su presidente, contribuirá a contar con “instituciones públicas cercanas, accesibles y en beneficio de los ciudadanos”, al tiempo que “mejora la transparencia en la Comunidad de Madrid” mediante “un cumplimiento más preciso de sus funciones”. Entre los aspectos a mejorar, ha apuntado Medrano, “que no queden sin resolver alrededor de 250 reclamaciones”. Todo ello frente a la “infinita demagogia de todo aquel que afirme que hoy ha muerto la transparencia”.
Por parte de la oposición han comparecido los diputados Isabel Pérez Moñino-Aranda (Vox), Diego Cruz Torrijos (PSOE-M) y Alicia Torija (Más Madrid). Todos ellos, aunque con ligeros matices en sus intervenciones, han coincidido en apuntar que con la aprobación “con mucha prisa, nocturnidad y alevosía” de la 'Ley Ómnibus 2' el Partido Popular “se han cargado el Consejo de Transparencia de la Comunidad de Madrid” y, en consecuencia, también “la esencia de lo que significa el control de la transparencia y la publicidad activa”.
De acuerdo con lo expuesto por el todavía presidente del Consejo, Rafael Rubio Núñez, durante el último año el órgano ha atendido un total de 928 reclamaciones en materia de información pública, publicidad activa, participación y colaboración ciudadana, en su mayoría vinculadas a administraciones locales y consejerías.
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