- Más del 40 % de las empleadas del hogar trabaja sin contrato, con sus respectivos riesgos legales y laborales.
- Hasta 187.515 euros de multa por tener un empleado en situación irregular.
- Para luchar contra la precariedad en el sector es indispensable un cambio social
SEPTIEMBRE 2023 - Tener una empleada del hogar sin contrato conlleva otro tipo de riesgos aparte de los estrictamente económicos. Acabar con este tipo de economía sumergida es acabar con la precariedad de un sector especialmente castigado por esta falta de seguridad.
Un sector marcado por el incumplimiento de los derechos laborales
Las contrataciones ilegales, la economía sumergida y el incumplimiento de los derechos laborales siguen siendo rasgos habituales en el sector de las empleadas de hogar y los cuidados domiciliarios. Pese a los cambios de los últimos años y el incremento de las inspecciones de trabajo, aún queda mucho camino por recorrer.
El problema no recae únicamente en los empleadores sino en los propios profesionales del sector. Las circunstancias les han llevado a normalizar esta falta de seguridad laboral y personal que se traduce en un riesgo para todas las partes implicadas.
Condiciones de trabajo precarias, sueldos que no se ajustan a los mínimos legales, inestabilidad laboral e incumplimiento de vacaciones o períodos de descanso son solo algunos ejemplos de una situación que afecta a un gran porcentaje de las empleadas del hogar en el país.
El número de horas no exime de la obligatoriedad del contrato
Existe la creencia generalizada que contar con asistencia domiciliaria para personas mayores durante unas horas a la semana no exige la firma de un contrato. Nada más lejos de la realidad. A todas las cuidadoras de personas mayores a domicilio les deberemos formalizar el contrato laboral y darles de alta en la Seguridad Social para que puedan cobrar y cotizar por esas horas de servicio.
Desde el punto de vista económico, no tener dada de alta a una cuidadora de personas mayores implica el adeudo de las correspondientes cotizaciones a la Seguridad Social y la multa subyacente. La suma de ambas cantidades puede dar lugar a sanciones de más de 187.515 euros cuando existen otros agravantes, como que la cuidadora ni siquiera disponga de un permiso para trabajar en España.
La regularización de la situación de las cuidadoras es un beneficio para todos
El contrato laboral recoge los deberes y obligaciones de todas las partes implicadas, siendo el principal documento legal a la hora de gestionar posibles conflictos: para el empleador es la garantía de que se cumplen las condiciones del servicio contratado. Es además un respaldo económico y personal en caso de bajas médicas o accidentes laborales de la cuidadora, para los que contarían con sus coberturas. Y para las cuidadoras es un modo de asegurar un salario, horario y prestaciones ajustadas a la legalidad.
Poner en valor el trabajo de las cuidadoras de personas mayores
No se trata únicamente de atajar el problema de la economía sumergida. Promover las contrataciones legales en el ámbito de los cuidados domiciliarios es poner en valor el trabajo de las cuidadoras.
Empresas como Cuidum, especializadas en el sector de la asistencia a mayores en el hogar, llevan años trabajando por una mejora en las condiciones laborales de estas trabajadoras. Es una demanda histórica que requiere de un cambio de mentalidad tanto por parte del empleador como por parte de las empleadas.
Desde la experiencia de Cuidum como empresa experta en gestiones laborales dentro del sector de los cuidados, recomiendan siempre asesorarse a través de empresas con profesionales en materia laboral que puedan ayudar a las familias a realizar las gestiones oportunas y tener un respaldo legal garantizado para no tener que estar preocupados por todos los cambios normativos que puedan surgir. Cuando se es empleador, aún gestionando todo lo legal, se debe estar siempre al día de cualquier novedad que pueda afectar a la relación laboral con la trabajadora para no incurrir en sanciones que luego puedan derivar en responsabilidades. Y por otro lado, la sociedad debe tomar conciencia de la importante labor que desempeñan las cuidadoras de personas mayores a domicilio. Y este cambio de perspectiva empieza por la aplicación de un marco legal que reconozca los derechos del sector.