Las polémicas surgidas en los últimos días en torno a la gestión del centro de acogida de menores de la Casa de Campo, dependiente de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, se ha trasladado este miércoles hasta la reunión semanal del Consejo de Gobierno celebrada en la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol.
Por un lado, después de que el Ministerio del ramo haya solicitado a la Fiscalía General del Estado la apertura de una investigación sobre el estado de la instalación, el portavoz del Ejecutivo madrileño, Miguel Ángel García Martín, ha defendido que el centro cumple en la actualidad con las "condiciones necesarias" y todos los "requisitos legales" para su normal funcionamiento. "Como no puede ser de otra manera", ha reafirmado.
No obstante, ha matizado a renglón seguido, la llegada "masiva" de menores migrantes, consecuencia directa, aseguran desde la Administración que preside Isabel Díaz Ayuso, de la "pésima" gestión y la "dejación de funciones" del Gobierno central, habría lastrado la aplicación del plan previsto para su reforma, con el consiguiente "tensionamiento" de las instalaciones y, en último término, retrasos en su puesta en marcha definitiva.
"Sobre ese centro que tenemos en la Casa de Campo para acoger a menores no acompañados que no han llegado a nuestra región por generación espontánea, que han llegado porque los ha traído el Gobierno de Pedro Sánchez, había un plan para hacer una inversión de cuatro millones y medio que mantenemos lógicamente", ha asegurado García Martín.
Asimismo, tras ser cuestionado por los supuestos casos de abuso sexual cometidos, presuntamente, por dos trabajadoras del propio centro y que han sido desvelados por el diario 'Público', el también consejero de Presidencia Justicia y Administración Local ha vuelto a poner de manifiesto el buen hacer del Gobierno regional. Así, ha expuesto, se habría actuado de forma "adecuada" al apartar a la trabajadora implicada "en cuanto se tuvo conocimiento", abriendo, además, una investigación al respecto.
Una versión que concuerda con lo trasladado por la propia consejería a este digital: "La entidad gestora del Centro de acogida Casa de Campo -la Fundación Antonio Moreno- procedió en el mes de septiembre de 2024 al despido inmediato de una mediadora intercultural que trabajaba en este centro en cuanto se tuvo conocimiento de que había realizado contactos inapropiados de contenido sexual, que podían ser constitutivos de delito, con dos de los chicos del centro, mayores de 16 años".
Además, añaden, "la entidad denunció los hechos ante la Policía Nacional". Por parte de la Comunidad "se requirió la información sobre los hechos, abriéndose diligencias informativas". También "se realizó intervención terapéutica y apoyo social con los dos menores supuestamente abusados".
Con anterioridad, según se recoge en la misiva de denuncia remitida por los propios responsables del centro a la Consejería que encabeza Ana Dávila, otra trabajadora ya habría sido despedida, tras no superar su periodo de prueba, por "mantener una relación con un menor usuario del recurso, lo que supone un abuso prolongado en el tiempo puesto que el menor no tiene capacidad de dar su consenctimiento".
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