El 14 de febrero de 1788, Madrid vivió una de las decisiones más contundentes de su historia social: una Real Orden obligaba a expulsar de la Villa a todos los mendigos que no hubieran nacido en ella. La disposición, firmada en nombre del rey Carlos III y comunicada a través de la Secretaría de Estado dirigida por el conde de Floridablanca, formaba parte de una ofensiva ilustrada que buscaba combatir la ociosidad, moralizar la vida pública y ordenar un espacio urbano que crecía con dificultad entre contrastes, desigualdad y una demografía en constante movimiento.
La medida no surgió de improviso. Desde finales de la década de 1770, el Estado borbónico había desplegado un sistema de beneficencia que combinaba hospicios, juntas de caridad y reglamentos contra vagos, desertores y todo aquel que se considerara “improductivo”. El reinado de Carlos III, que moriría a finales de ese mismo año de 1788, impulsó una red de políticas públicas destinadas a ordenar la pobreza, clasificarla y, en la medida de lo posible, erradicarla de los lugares más visibles de la capital. La Ilustración española creía firmemente que el progreso pasaba por la regulación, y la regulación comenzaba por identificar a cada individuo y controlar su circulación.
El clima administrativo de la época contribuyó a reforzar esta mirada. Los grandes censos y nomenclátores impulsados por Floridablanca a mediados de la década, que buscaban por primera vez un retrato estadístico completo del territorio, habían consolidado la idea de que una buena gestión del reino comenzaba por saber quién era quién. Esa lógica se trasladó a las calles madrileñas: la pobreza dejó de ser únicamente un fenómeno social para convertirse también en una cuestión de registro, origen y jurisdicción.
La Real Orden del 14 de febrero de 1788 distinguía con claridad entre los “nacidos en Madrid” y los “forasteros”. Los primeros podían permanecer en la ciudad y, en teoría, recibir asistencia del aparato de beneficencia; los segundos debían emprender el camino de regreso a sus pueblos, fueran cuales fueran sus circunstancias. Las patrullas municipales, los alguaciles y las juntas de caridad participaron en un proceso que mezclaba inspección de papeles, consultas parroquiales y verificaciones sobre el origen de cada persona. La pobreza pasó a depender, en buena medida, del certificado que uno podía presentar.
Madrid cambió su fisonomía humana. Las zonas más transitadas —plazas, soportales, accesos a mercados— vieron disminuir parte de la mendicidad visible. Sin embargo, la medida no eliminó el problema: simplemente lo desplazó hacia los márgenes, hacia las carreteras de salida, hacia los arrabales y los caminos que conectaban la Villa con La Mancha, Castilla la Nueva o Aragón. El intento ilustrado de gobernar la miseria con papeles tuvo un efecto inmediato, pero no profundo.
La decisión también reveló un conflicto esencial de la Madrid de la época: la tensión entre el deseo de orden y la realidad social de una ciudad que había sido históricamente refugio para quienes no tenían nada. La capital quiso comportarse como una corte moderna, alineada con los postulados de eficiencia administrativa y decencia pública. Pero su pulso cotidiano seguía siendo el de los oficios humildes, las corralas hacinadas, las plazas llenas de vida y una población flotante que entraba y salía con una facilidad imposible de detener del todo.
Con esta Real Orden, el Madrid ilustrado intentó transformar la pobreza en un expediente. Aquella línea trazada el 14 de febrero de 1788, que convertía el origen en destino y la necesidad en un trámite, es un recordatorio de cómo la ciudad ha lidiado siempre con el desafío de integrar, regular o expulsar a quienes llegan buscando una oportunidad. Una tensión que, de un modo u otro, sigue latente en la forma en que Madrid se piensa y se gobierna.
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