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Siempre por el derecho a vivir, no a sobrevivir

jueves 04 de junio de 2020, 10:20h

La aprobación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) es un hecho histórico, quizá también acallado por el ruido que llena la política española, por la crispación provocada desde la irresponsabilidad de la derecha y la ultraderecha que han decidido torpedear la cohesión de España necesaria para combatir al único enemigo: el virus.

Es de justicia reconocer el trabajo del Gobierno de España para sacar adelante la ley que pone en marcha el IMV en los próximos días, pero también es de justicia señalar la relevancia del sindicalismo de clase para su consecución. Efectivamente todas las luchas, más tarde o más temprano, terminan dando resultado.

Y es que la medida es una reclamación histórica de las Comisiones Obreras, que junto a UGT promovimos en diciembre de 1988 la Huelga General del 14-D. En las posteriores negociaciones (Propuesta Sindical Prioritaria) ya reclamamos y arrancamos las pensiones no contributivas. Más recientemente, hace cuatro años, obtuvimos un abrumador éxito social al reunir 750.000 firmas para llevar adelante la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de Prestación de Ingresos Mínimos en el Congreso.

Ciertamente aquella ILP no es igual que lo aprobado, pero supone un avance muy sustancial. Es más, la ILP promovida por CCOO y UGT dará cobertura, de aprobarse, a un número mucho más amplio de personas en situación de necesidad. En su trámite parlamentario, el apoyo de las fuerzas políticas que ya la apoyaron en su día, y hoy cuentan con mayoría absoluta en la Cámara, debe hacerlo realidad.

El problema que tenemos en la Comunidad de Madrid es que la presidenta no hace absolutamente nada al respecto. Parece estar esperando a que le caiga el dinero de España y de los fondos europeos, mientras nuestra región arrastra un terrible problema de desigualdad y pobreza estructural. Ya antes de la pandemia la región tenía 100.000 familias en exclusión. Todos los informes y análisis apuntan a que ese número ha sido doblado en esta pandemia.

En la actualidad, con las pérdidas de empleo en los sectores más precarios, el riesgo a la exclusión está creciendo como ya vemos en las dramáticas “colas del hambre” a las que acuden decenas de miles de convecinos para poder sobrevivir, no ya vivir.

La situación en Madrid es de emergencia, por lo tanto desde el Gobierno de la Comunidad se requieren medidas de emergencia. Desde CCOO de Madrid exigimos rentas de emergencia. Es más, a pesar de ser nuestra organización contraria a este tipo de actuaciones, hemos alcanzado un acuerdo con la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) para hacer una aportación y ayudar a los vecinos y vecinas que se acercan a las asociaciones vecinales porque se encuentren repentinamente en el más absoluto desamparo. Esperamos, eso sí, que Isabel Díaz Ayuso no haga lo mismo que con las aportaciones realizadas por los trabajadores de Metro. Éstos, con toda su buena fe y sus salarios humildes, han realizado una colecta para quienes lo están pasando especialmente mal y la presidenta ha intentado capitalizar esa acción. La actitud se descalifica por sí sola.

Resulta preocupante el recobrado rumbo neoliberal del Gobierno regional que en esencia olvida el papel de “lo público”. La derecha más conservadora, la que padece Madrid se limita a mover el dinero público, que en buena parte suele acabar en manos de determinado empresariado. Ese empresariado que ya está saliendo más rico de esta crisis trágica. Veo que Ayuso va a “repartir” entre diferentes Organizaciones No Gubernamentales 20 millones de euros. Esa no es la fórmula. La fórmula es construir un sólido pilar social para que desde la administración pública se gestione la lucha contra la exclusión.

En estos días hemos sido testigos del peligro de las privatizaciones en asuntos sociales, sanitarios y de salud pública. Tal es el caso de las residencias de ancianos. Aquellos que siempre alardean de buenos gestores han demostrado su absoluta ineficacia, ineficiencia e incluso inmoralidad.

El asunto de las residencias ha hecho que el propio consejero de Asuntos Sociales (de Ciudadanos), un hombre muy involucrado en los temas de mayores, no haya soportado más y arrecien sus críticas a la presidenta de la Comunidad. Ayuso le retiró de la gestión de las residencias en plena pandemia en beneficio del Consejero de Sanidad (del PP). El resultado ha sido un escandaloso, cuando no macabro plan inhumano.

No se medicalizaron las residencias y todo indica, los medios de comunicación lo dan por confirmado, que se dio orden para que determinados residentes enfermos de coronavirus no fueran hospitalizados, ni siquiera por cuestión de edad, simplemente por “demencias avanzadas” o por ser “grandes dependientes”.

En la medida de las posibilidades de las Comisiones Obreras de Madrid empujaremos para que esta situación quede clara y se asuman las correspondientes responsabilidades. Esto no puede repetirse. Nos estamos jugando el futuro. Tenemos derecho a vivir, no ya a sobrevivir.

Jaime Cedrún.

Secretario general de CCOO de Madrid.

Jaime Cedrún

Secretario general de CCOO Madrid

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