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Pobreza, sanidad y educación requieren la atención de Ayuso

jueves 21 de mayo de 2020, 09:26h

Si algo no está haciendo demasiado bien el Gobierno de España es explicar suficientemente que ha evitado cientos de miles de despidos por no aplicar la reforma laboral del PP. La comparación actual con las cifras de paro y la utilización de los ERTE durante la Gran Recesión son espectaculares, más teniendo en cuenta que la crisis actual es por causas naturales y aquella por la ambición y ese egoísmo neoliberal que tocó techo.

El economista Bruno Estrada recordaba la pasada semana en un pedagógico artículo (“Los ERTE han llegado para quedarse”) que “en marzo y abril de 2020 se han destruido 920.000 puestos de trabajo, pero en la Gran Recesión se perdieron 3,3 millones de empleos asalariados y, sin embargo, el total de trabajadores acogidos a ERTE en 2009, el año que supuso un máximo histórico, fue de tan solo 486.000”. En la actualidad, a principios de mayo, más de medio millón de empresas habían solicitado un ERTE, llegando a afectar a cerca de 3,4 millones de trabajadores.

Los ERTE están evitando una sangría económica a empresariado y clase trabajadora y frena el grado de incertidumbres. Quienes a ellos están acogidos cobran el 70 por ciento del salario o están a punto de cobrarlo porque a pesar de la rapidez que supone su gestión, muchas empresas no están sabiendo gestionarlos. Son más de 400.000 los que, prácticamente al mes, ya están cobrando la prestación en nuestra región o están teniendo acceso a un anticipo bancario avalado por el Estado. Igualmente, en esta Comunidad 151.000 autónomos han solicitado la ayuda por cese de actividad y 148.000 ya la están disfrutando.

Un esfuerzo que hay que reconocer a los responsables de Trabajo y Empleo, especialmente si recordamos que diez años de recortes de gobiernos del PP habían dejado el Servicio Público de Empleo en cuadro. El año pasado con unos pocos miles de ERTE, el cobro de prestación se retrasaba tres, cuatro y hasta cinco meses. Con todo, miles de personas continuan a la espera, por lo que el SEPE (Servicio Público de Empleo) debería tomar las medidas necesarias para que todo el mundo perciba su ingreso. O siguen pendientes aspectos como la actualización de las prestaciones según el número de hijos o establecer un servicio ágil y eficaz de información a los afectados que están sin cobrar, muchas veces por errores burocráticos.

Nunca antes España había puesto en marcha medidas sociales con esta intensidad para hacer frente a una crisis global e histórica. La cuestión es que en el futuro inmediato, cuando se desactiven los ERTE, no suframos una estampida de expedientes de regulación de empleo con miles de despidos. Para ello hay que preparar los instrumentos necesarios y que la corresponsabilidad demostrada por sindicatos (CCOO y UGT) empresariado (CEOE y CEPYME) y Gobierno de España se emule en las comunidades autónomas.

En Madrid ha habido síntomas positivos como el Acuerdo Marco logrado el pasado martes entre CCOO y UGT de Madrid, la patronal CEIM y la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad en materia de prevención de riesgos laborales para impulsar la protección de la salud de trabajadores y trabajadoras de nuestra región. Además, los sindicatos hemos arrancado un compromiso en la mesa sectorial, a falta de materializarse, que supone la contratación de 10.100 sanitarios. Con todo, el Gobierno de la región no está dando muchos argumentos para un futuro de compromisos, de búsqueda de consensos, acuerdos y pactos. Ni siquiera garantías de salud pública para poder cambiar de fase.

Seguramente el ruido complice de Isabel Díaz Ayuso producido por las cacerolas de ese nuevo populismo de extrema derecha que no tiene como enemigo al virus, sino al Gobierno democrático de España, impide que avancemos por la senda de la responsabilidad y racionalidad que requiere el momento. Ese ruido, unido a las irresponsables algaradas callejeras, ha tapado los escándalos de la presidencia de la Comunidad, así como la crisis de su Ejecutivo.

La Comunidad de Madrid debe salir de su desgobierno y ponerse manos a la obra con los problemas de esta región y que se están viviendo en las calles sin cacerolas, banderas ni eslóganes. La pobreza, la sanidad y la educación necesitan ya la atención del Gobierno regional. Es imprescindible desarrollar y complementar a las medidas tomadas por España.

La Comunidad de Madrid no hace nada por quien lo pasa peor. Tal es la desigualdad que en estos años de gobiernos neoliberales del PP se ha generado en la región que la Covid-19 ha dejado al descubierto las vergüenzas de políticas no pensadas para las personas.

Son muchas las familias que a pesar de percibir ingresos por estar en un ERTE necesitan complementos económicos. Había, antes de la pandemia 230.000 niños y niñas bajo el umbral de la pobreza, las demandas a asuntos sociales ahora han aumentado un 125 por ciento en estas semanas, más de 200.000 familias sin ningún ingreso, todos estamos viendo interminables colas de hambre

También el ruido de cacerola fascista, los escraches ultras y la salida a las calles en pequeñas pero hacinadas manadas nos ciega y evita que veamos la responsabilidad de quienes aguardan durante horas y horas para poder acceder a un poco de comida. Mientras Ayuso, porque lo vale, decretaba en twitter el fin de los aplausos a los sanitarios y alentaba las algaradas ultras, centenares de miles de familias madrileñas pasan hambre y no hace nada. Hay que recordar que es el Gobierno regional de la señora Ayuso el responsable de terminar con estas colas de la vergüenza y del hambre, porque es quien tiene la competencia en políticas sociales. No cabe echar las culpas ni al gobierno central ni a los ayuntamientos

Como ejemplo de insensibilidad, el trato a 11.500 los niños que están acogidos a la renta mínima y con derecho a comida, y el olvido de los 94.000 que tenían alguna ayuda de comedor. De los primeros, 7.000 no han recibido esa comida por lejanía o porque los padres rechazaban la “comida basura”. El abastecimiento ha tenido que correr por cuenta los ayuntamientos, de esas administraciones cercanas que tantas veces sacan las castañas del fuego.

Si las soluciones de futuro no las veo muy claras es precisamente por el alarde de descoordinación generado por la Comunidad de Madrid con quienes deberían ser sus cómplices, independientemente del color político, de los gobiernos municipales. No es sólo el asunto de los menús infantiles. Mientras la presidenta de la Comunidad visita platós de televisión, invierte el tiempo en twitter o se convierte en “influencer” de los hoteles Mate Room en Instagram, el Ayuntamiento de Leganés bonifica el IBI a quienes estaban en ERTE y un gran paquete de medidas sociales y económicas; el de Tres Cantos, aporta un complemento a quienes se encuentran en ERTE y ayudas a las familias vulnerables; Fuenlabrada está cubriendo las necesidades básicas de 2.673 familias mediante la concesión de prestaciones económicas, con ayudas que ascienden a 500.000 euros…

Pero además la Comunidad de Madrid debe clarificar soluciones en los centros de enseñanza con el fin de proporcionar seguridad jurídica a las direcciones y garantizar el principio de igualdad a las familias, y garantizar la salud laboral a los trabajadores en los centros, tal como venimos requiriendo desde CCOO.

Sin duda, si alguien se merece el respeto y el reconocimiento es esa abrumadora mayoría de personas, tantas de ellas sin recursos, que responsablemente y con respeto a las normas sobreviven inmersos en la incertidumbre, haciendo oídos sordos a algaradas, luchando pacientemente contra el verdadero enemigo: el maldito virus.

Jaime Cedrún.

Secretario general de CCOO de Madrid.

Jaime Cedrún

Secretario general de CCOO Madrid

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