"Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio”. Artículo 50 Constitución.
Buena parte de los medios de comunicación nos despiertan cada mañana con indignantes e inmorales tropelías llevadas a cabo por la Consejería de Sanidad y la Presidencia de la Comunidad de Madrid en las residencias de mayores. Y no sólo en las residencias, ya que la última información que leo según redacto estas líneas indica que la Comunidad de Madrid envió un protocolo para no derivar a pacientes domiciliarios. Es decir, ese protocolo no sólo se remitió a hospitales para que no aceptaran internos de residencias, sino también a los médicos de los centros de salud que atienden pacientes en domicilios.
También veo que en estos últimos días “solo” hay cinco muertes diarias en residencias madrileñas frente a las casi 140 que llegó a haber en los momentos más duros. Las cifras contabilizan 5.986 personas mayores fallecidas en las residencias de la región con síntomas de coronavirus, aunque de estas, prueba de PCR fueron realizadas a 1.253. Cruzando los datos queda claro que la mejora en la situación de los hospitales ha implicado un descenso de muertes en residentes. Al principio de la pandemia vivían en las residencias madrileñas casi 50.000 personas, hoy lo hacen 42.146.
Las pruebas contra la nefasta actuación de la Comunidad de Madrid se acumulan. Los medios de comunicación han hecho públicos correos electrónicos, denuncias de familiares, actas de inspección policial… Parece que a pesar de la contundencia de las pruebas, el Gobierno de la Comunidad de Madrid mantiene una crisis surrealista con consejerías enfrentadas y un evidente bloqueo. Mientras, crece el impacto emocional para los familiares de los ancianos y para toda la sociedad.
Fue en el entorno del 20 de marzo cuando denuncié la terrible situación que ya padecían las residencias de ancianos tal como nos contaban los trabajadores y trabajadoras que se encontraban en primera línea, también sin los equipos de protección adecuados. En aquel tiempo exigíamos desde CCOO de Madrid la intervención directa del Gobierno de España ante el caos. Curiosamente, ahora, desde el PP y la Presidencia de la Comunidad se quiere culpabilizar al vicepresidente del Gobierno de la nación de lo sucedido, cuando todas las competencias son de la Comunidad de Madrid, más allá de la colaboración de la UME. No olvidemos que la presidenta Ayuso le quitó las competencias al consejero de Políticas Sociales (de Ciudadanos) para dárselas al de Sanidad (del PP). Poco después dimitiría la directora general de salud pública.
Las ordenes ministeriales dictadas en aquellos días confirman que la responsabilidad y la competencia de las residencias es de las comunidades autónomas. Concretamente, la Orden SND/265/2020 publicada en el BOE el 21 de marzo. El 23 de marzo otra ley reforzaba la anterior con medidas complementarias al dejar claro que las residencias de ancianos son “centros sujetos a la inspección de los servicios sanitarios de las comunidades autónomas correspondientes”. De hecho algunas denuncias se han tramitado.
Ante la situación que se ha generado he propuesto una auditoría sociosanitaria que depure responsabilidades políticas, pero también ante la Justicia. Es imprescindible saber qué ha pasado, obtener un diagnóstico para reconstruir un modelo que impida la repetición de la tragedia.
Y es que la responsabilidad moral y política viene de lejos, tal como hemos venido denunciando y clamando en el desierto desde las Comisiones Obreras de Madrid. Hace más de tres lustros que exigíamos más residencias públicas, simplemente analizando los datos demográficos de la región y el cariz privatizador de la derecha madrileña. Y es que ya en 2007 había más residencias privadas que públicas. Según la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, en enero de 2003 había 7.658 plazas públicas, mientras que en enero de 2006 el número era de 8.538. Es decir, un 11,5 por ciento más. Sin embargo, en ese mismo periodo de tiempo, las plazas concertadas crecieron en un 166,2 por ciento. De 3.633 se pasó a 9.671.
Hace cuatro años presentamos un profundo estudio, “Cartografía de los recortes. El gasto público en la Comunidad de Madrid entre 2009 y 2014”, que demostraba el ataque en toda regla al estado del bienestar en la región por parte de la derecha. Los recortes también hicieron que algunas empresas que gestionan residencias privadas y que se lucraban de los dineros públicos dejaran de lograr grandes beneficios y huyeron de los concursos porque “no somos una ONG”, argumentaban. En 2017 muchos ancianos tuvieron que ser trasladados de residencias a pesar de pagar alrededor de 3.000 euros (unos 800 a través de cheques sociales) porque dejaron de ser negocio “concertado” para ser completamente “privado”. Además, con esto, se alentaba la exclusión. Sin plazas públicas, muchos ancianos se han tenido que quedar en la soledad de sus casas, tantas veces sin las condiciones adecuadas.
En estos años ha habido multitud de informaciones relacionadas con nefastas gestiones y escándalos en residencias de ancianos. Las investigaciones periodísticas de las últimas semanas han sacado a la luz entramados empresariales que han crecido al albur del neoliberalismo imperante en la Comunidad de Madrid, fundamentalmente tras el tamayazo y la llegada al poder de Esperanza Aguirre. Estamos hablando del aterrizaje de inmobiliarias y fondos de inversión al “negocio” de las residencias. Incluso se ha demostrado cómo dueños de centros de mayores están escondidos en tramas societarias que pasan por paraísos fiscales de Holanda, Luxemburgo, Jersey…
Mientras los políticos ultralibarales continúan de compadreo con ese empresariado que se frota las manos ante nuevas oportunidades de negocio y frente a la inactividad política, alguna muy urgente, desde CCOO de Madrid hemos presentado alternativas para la reconstrucción de Madrid dando una especial relevancia a refuerzo de los servicios sociales.
Así, en la atención residencial de personas mayores, con discapacidad y enfermedad mental proponemos, en primer lugar, la adecuada prestación del servicio en los centros residenciales, garantizando la calidad y seguridad (personal, EPI, protocolos) en los centros residenciales (públicos y privados) de mayores y dependientes, incluyendo un programa extraordinario de inspecciones que velen por las condiciones de los residentes y del personal. Estos criterios serán igualmente de aplicación en los centros de atención intensiva, residenciales, de personas con discapacidad y enfermedad mental.
Además, creemos que hay que garantizar la medicalización de todas las residencias de la región; realizar test masivos a residentes y plantillas, al mismo ritmo, con el fin de establecer criterios de aislamiento eficaces para la eliminación de la propagación del virus. Hay que crear un fondo para el retorno a la gestión directa de aquellos centros que no cumplan los estándares de calidad mínimos, unido al incremento de plazas públicas para mejorar la ratio respecto a la población actual de la región.
Por último, hay que garantizar, en el corto plazo, el refuerzo de las plantillas a través de un plan extraordinario de fomento de la contratación consensuado, que incorpore la mejora de las condiciones salariales y laborales del sector, el incremento de ratios de atención y asegurando estándares de calidad homogéneos en todos los servicios, sean de gestión directa o indirecta.
Estas alternativas, como ya he expuesto, pasan por la realización de una auditoría que diagnostique lo sucedido y por seguir el mandato constitucional. Es decir, que los poderes públicos promuevan el bienestar de los más mayores. Todo lo contrario de lo que ha venido ocurriendo.
Si (
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