El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado un recurso de amparo presentado por el grupo parlamentario de Más Madrid y concluye que la Mesa de la Asamblea de Madrid vulneró sus derechos al inadmitir varias iniciativas parlamentarias. El tribunal considera que la Mesa fue más allá de su cometido al exceder con el rechazo de las solicitudes “la función de mero control formal” y al emitir “unos juicios de oportunidad política”.
La resolución afecta a distintas propuestas registradas en la Cámara regional, entre ellas la creación de una comisión de investigación sobre la contratación sanitaria durante la pandemia de la Covid-19, una Proposición No de Ley (PNL) que solicitaba la dimisión del jefe de Gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez, siete peticiones de comparecencia de este cargo y otra PNL relativa al modelo de colaboración público-privada en el ámbito sanitario.
En la sentencia, cuyo texto ha sido elaborado por la magistrada María Luisa Segoviano Astaburuaga y cuenta con votos particulares de los magistrados Ricardo Enríquez Sancho y Enrique Arnaldo Alcubilla, el Constitucional sostiene que estas inadmisiones vulneraron el derecho de los diputados a ejercer sus funciones representativas en los términos previstos por la ley, un derecho que está directamente ligado a la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos a través de sus representantes.
Respecto a la comisión de investigación sobre los contratos de emergencia durante la pandemia, la Mesa justificó su rechazo al entender que se trataba de “una iniciativa ordinaria de control de las contrataciones” con “un objeto prospectivo e inconcreto”. Argumentos similares se emplearon para inadmitir la PNL sobre Miguel Ángel Rodríguez, al considerar que suponía una reprobación encubierta y contenía un juicio de valor, así como la iniciativa sobre colaboración público-privada sanitaria, por referirse a una empresa privada y tener un carácter prospectivo.
También fueron rechazadas siete solicitudes de comparecencia del jefe de Gabinete de la presidenta regional ante la Comisión de Justicia, Presidencia y Administración Local. En este caso, la Mesa alegó falta de justificación suficiente y recordó que “aunque hace tiempo sí se aceptaron reprobaciones a partir de la XII legislatura la Mesa cambió el criterio y dejaron de aceptarse”.
El Tribunal Constitucional, tras repasar su doctrina sobre el derecho a la representación política y las competencias de las mesas parlamentarias, concluye que las decisiones impugnadas vulneraron ese derecho fundamental. La sentencia subraya que los motivos empleados por la Mesa para inadmitir las iniciativas contravienen varios artículos del Reglamento de la Asamblea de Madrid y recalca que “la Mesa fundamenta estas decisiones de inadmisión exceden de la función de mero control formal de las iniciativas que tiene asignada”.
Como consecuencia, el tribunal declara la nulidad de los acuerdos recurridos y ordena retrotraer las actuaciones para que la Mesa adopte nuevas decisiones respetuosas con los derechos fundamentales afectados.
Se trata del segundo pronunciamiento del Constitucional en la misma línea esta semana. Días antes, la Sala Segunda ya había fallado por unanimidad a favor del PSOE por el bloqueo de preguntas e iniciativas relacionadas con Miguel Ángel Rodríguez y otros asuntos vinculados a la gestión sanitaria y los contratos de emergencia durante la COVID-19.
Más Madrid celebra la decisión judicial
La portavoz del Más Madrid en el Parlamento regional, Manuela Bergerot, ha celebrado la decisión del Tribunal Constitucional que "nos da la razón y Miguel Ángel Rodríguez tendrá que comparecer en la Asamblea para rendir cuentas por sus bulos y sus amenazas a periodistas. Se acabó que el Partido Popular es en su mayoría parlamentaria para blindar a los suyos en la impunidad".
Remarca el hecho de que haya sido considerado inconstitucional el veto a la Comisión de Investigación Parlamentaria sobre la compra de mascarillas durante la pandemia, "donde vamos a conocer también los negocios del novio de Ayuso con Quirón", y espera que esta sentencia sirva "para que la Asamblea recupere su poder de fiscalizar y la oposición pueda ejercer sus derechos políticos. Las instituciones madrileñas están para proteger a los madrileños y no para proteger a Ayuso".
Tras advertir que acudirán a la Justicia "las veces que haga falta para recordarle a Ayuso que la Asamblea de Madrid no es su cortijo", Bergerot no ha dejado pasar la oportunidad de exigir la dimisión del presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, por su responsabilidad en el asunto.
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