Antes de la crisis de la Covid, la creciente deuda pública española alcanzaba un montante similar al valor anual del Producto Interior Bruto (PIB). En 2021, la cifra de cierre del ejercicio supuso un 118,7% de deuda pública sobre el PIB. En diciembre de ese mismo año, según datos del Banco de España, la deuda alcanzó los 1,428 millones de euros, con una tasa de crecimiento del 6.1% en términos interanuales. Este crecimiento se suma a la tendencia ascendente que existe desde 2007, pero se ha incrementado considerablemente a causa de la crisis del coronavirus y refleja un panorama preocupante ante la previsible situación de estanflación, agravada por la invasión rusa de Ucrania.
La crisis de 2007 se basó en el crecimiento descontrolado del endeudamiento de empresas y familias bajo el axioma “el precio de la vivienda siempre aumenta”, todo ello sustentado por la creencia de poder renovar indefinidamente los créditos con las condiciones iniciales, y guiado por el clientelismo y la orientación de la actividad de las entidades de crédito (básicamente, las cajas de ahorros) hacia el sector inmobiliario por el interés político del Estado y de quienes las controlaban, más que por una gestión sana y prudente de los fondos.
Los activos de las entidades de crédito pasaron a estar caracterizados por su sobreexposición a la burbuja inmobiliaria y por su defectuosa gestión del riesgo. Todo lo anterior redundó, al estallar la burbuja (2007) y al comenzar la crisis financiera internacional (2008), en un importante porcentaje de créditos fallidos y unas necesidades de financiación que hacían inviables muchas de las entidades de crédito, lo que acabó desembocando en una gran recesión.
Ahora, la situación conduce a otra crisis de endeudamiento, sin tener que ser comparable a la anterior, pero protagonizada por las finanzas públicas de algunos países, entre ellos España. Se ha incrementado el déficit público de forma preocupante, sin intención de corregirlo, con unas expectativas inflacionistas que presionarán al alza los tipos de interés; a la vez que el BCE planea retirar los estímulos, con el consiguiente aumento de la prima de riesgo. En consecuencia, no se puede esperar renovar los vencimientos de la deuda pública con unos benignos tipos próximos a cero.
Se puede considerar como inevitable y procedente el aumento del déficit público durante la pandemia, y lo mismo se contemplaría en situaciones de emergencia imprevista como la invasión rusa; pero esto no es aplicable en los años inmediatamente anteriores, donde se gestó la mala posición de salida que tiene España en la actualidad frente a la previsible crisis de endeudamiento público.
¿Cómo se puede corregir esta deriva hacia el desastre?
Lo que no se debe hacer es considerar el gasto público como un componente fijo e inmutable y adaptar el nivel impositivo a este gasto, ya que esto lleva a que vaya creciendo como en la actualidad -con el presupuesto más expansivo de la historia-, y se ahogue al sector privado, que es el que genera riqueza y empleo.
Las autoridades, para defender el nivel de gasto, suelen acudir a subterfugios como el célebre “el dinero público no es de nadie” de la ex ministra Carmen Calvo, o aludir a ciertos servicios públicos “gratuitos”; incluso recurrir a la manida amenaza de que peligran la sanidad (como si fuera regalada) o las pensiones. En realidad, el gasto público lo costean los ciudadanos través de los impuestos, y no hay servicios públicos gratuitos -salvo para el que no los paga-. El contribuyente paga hasta el último céntimo de los caros tratamientos que pueda recibir en la sanidad pública, y también hace lo propio con la enseñanza pública (incluso los obreros sufragan una parte de los estudios de los universitarios en universidades públicas; en las privadas no - ni los profesores son funcionarios-); también el contribuyente financia el sistema de pensiones con sus cotizaciones (cosa que a veces ignora, porque la engañifa de que el salario bruto no incluye las cotizaciones de la Seguridad Social a cargo de la empresa oculta que esas cotizaciones son una parte de su sueldo; es decir, la empresa le paga más de lo que él supone y, lógicamente, le hace rentabilizar esa cantidad). El Estado gasta el dinero de los contribuyentes, y lo debe hacer de forma eficaz y eficiente.
También se aduce que los gastos excesivos y los despilfarros en cosas como las reformas de la casa de verano del presidente, el disparatado gasto de más de 21.000 millones en el programa de igualdad (en qué momento) o el uso del avión oficial para ir a un concierto son poco menos que “el chocolate del loro”. Realmente, tiene su importancia, por su efecto señalizador: denotan un talante despilfarrador con el dinero del contribuyente y una tendencia al descontrol en los gastos.
Lo que sí se puede hacer es mejorar la eficiencia del gasto público.
El Instituto de Estudios Económicos (IEE) ha presentado el Informe “Por una mejora de la eficiencia del gasto público en España”, donde ha elaborado el Índice IEE de eficiencia del gasto público. A través de este Índice y en un contexto internacional nuestro país no sale bien parado, obteniendo una puntuación de 74,4 y colocándose en la posición 29 de 37 países analizados, en la zona media baja de la tabla; España se sitúa claramente por debajo de la media de la UE (que obtiene una puntuación de 98,6) y, del mismo modo, alejada de la media 100 de la OCDE.
Cuantitativamente, se estima que España podría reducir su gasto público en un 14% manteniendo el mismo nivel de servicios si mejorara su eficiencia del gasto con el promedio de la OCDE. Esto supondría un ahorro de recursos del orden de 60.000 millones de euros, con lo que podría lograrse una consolidación estructural de las finanzas públicas sin recurrir a subidas de impuestos.
Por el contrario, los niveles de tributación excesivos inciden negativamente en la eficiencia del gasto, estimándose que un aumento del 1% del PIB en ingresos fiscales conduce a una reducción del 1% en la eficiencia del gasto. En este sentido, los países con menor gasto público respecto al PIB, presentan unos niveles superiores de eficiencia en su gestión.
El Informe también presenta una serie de medidas que pueden servir de base para la mejora del gasto público, a través de varios enfoques, entre los que sobresalen la evaluación continua de las políticas públicas, independencia y profesionalización en la gestión, colaboración público-privada, reducción de la burocracia, digitalización y presupuesto basado en el desempeño.
En este contexto, es pertinente recordar que en el Libro Blanco para la Reforma Tributaria encargado por el Gobierno se afirma que con independencia del modelo de consolidación fiscal por el que se opte, la mejora de la eficiencia debe ser también un objetivo importante en el medio plazo para todos los niveles de la Administración Pública en España. Pero se hace para cubrir el expediente, sin analizar en profundidad esta relevante cuestión. En conjunto, este Libro se centra en propuestas para subir los impuestos, que es en lo que está el Gobierno (aunque a veces diga una cosa y luego la contraria).
En efecto, continúa pendiente una gran reforma basada en la mejora de la eficiencia del gasto público en España. Tras años de aumento continuo de la presión fiscal, no es el momento de incidir en nuevas subidas. En consonancia con las grandes potencias europeas, lo recomendable son bajadas de impuestos, especialmente para evitar estrangular más a las empresas y a las familias y estimular la actividad económica.
La posición fiscal de salida de España está entre las últimas de Europa: en la turbulenta situación actual, con elevada inflación, un crecimiento económico que languidece y un sistema fiscal incapaz de generar ingresos para hacer frente a los descontrolados gastos del Estado, el endeudamiento público puede llegar a ser insoportable.
Caminamos hacia la perdición, aunque, como en momentos anteriores -recordemos la última legislatura de Zapatero-, la presión de los mercados o la imposición de las autoridades europeas podrán forzar a aplicar políticas fiscales contrarias a la doctrina del Gobierno. Pero será un ajuste duro y con poco margen para corregir la deriva hacia el desastre.
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