El juez llama a declarar al concejal de Salamanca por 'Guateque'
martes 15 de julio de 2008, 00:00h
Actualizado: 16/07/2008 11:47h
El concejal del PP responsable del distrito de Salamanca, Íñigo Henríquez de Luna, impulsor del proceso de primarias en su partido, será llamado a declarar en septiembre como imputado por un procedimiento derivado de las diligencias de investigación del Guateque, el caso de corrupción en la concesión de licencias urbanísticas en el Ayuntamiento de Madrid.
El juez que instruye el 'caso Guateque', Santiago Torres, llamará a declarar en septiembre al concejal del PP y a varias funcionarios, todos ellos ya imputados. El nuevo procedimiento surge después de una denunciada presentada por María Adelaida R.P. y Juan Mariano G.S., quienes relataron una serie de irregularidades cometidas, según ellos, por responsables de la Gerencia Municipal de Urbanismo en varias viviendas del edificio de la calle Juan Bravo donde residen.
Los denunciantes apuntan un posible "trato de favor o cualquier otra circunstancia" hacia los propietarios de una tienda situada en los bajos de sus viviendas llamada 'Becara', cuya titularidad corresponde a la mercantil BZ Asuntos de Familia, S.L. Por ello reclaman la investigación de todos los expedientes de licencias urbanísticas concedidas por el Ayuntamiento a la mercantil "así como si sobre los mismos ha podido existir trato de favor, prevaricación, cohecho o tráfico de influencias" en la concesión de licencias.
Indican, según la denuncia, a la que ha tenido acceso Madridiario, que el procedimiento irregular se realizaba mediante el siguiente modus operandi: la tienda solicita del Ayuntamiento licencias imposibles de conceder, el Consistorio las concede inmediatamente, algún afectado las recurre judicialmente y los tribunales anulan las licencias y ordenan el cierre del establecimiento. La tienda se apresura a pedir una modificación de licencia y los funcionarios municipales se niegan so pretexto de la reciente modificación. El Ayuntamiento concede la modificación y el problema vuelve a empezar.
Sin actividad
El local denunciado no contaba, según los vecinos, con las medidas mínimas reglamentarias de acceso y evacuación, ni podía obtenerlas porque había que modificar la estructura cambiando pilares. El local no ejercía actividad alguna desde al menos diez años antes de la solicitud y tampoco estaba bajo ordenación relativa. No tenía ni continuidad de actividad ni regreso a la actividad para la que fue construida (un garaje). De hecho, el Ayuntamiento no admitió la transformación o cambio de actividades "en tanto no se produzca la demolición del edificio". Tampoco se podían autorizar más metros útiles de los ya autorizados, y sin embargo se añadió la superficie de los pisos de la planta primera aumentando su espacio de 500 a 1200 metros cuadrados.
Parte del local se ubicaba fuera de ordenación, ya que ocupa parte de la manzana delimitado por las calles de Juan Bravo, Velázquez, Núñez de Balboa y Padilla. Este hecho impedía también la licencia, al estar fuera de ordenación parte de la parcela. La Dirección General de Urbanismo y la Comunidad de Madrid incidieron en que el cambio de actividad no estaba permitido porque se debía preservar el patio de manzana y el espacio libre ajardinado. De hecho, la licencia había sido denegada en peticiones de anteriores propietarios. Según el auto, por la propiedad de los cuatro pisos y los 1.200 metros cuadrados pagó 350 millones de pesetas y ahora vale 3.000.
"Amigo" de alcaldes
Los mismos denunciantes explicaron en el Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid que el apoderado de la empresa, el ex diputado del PP Jorge Trías, actualmente presidente de la comunidad de propietarios de Juan Bravo, "se jactó en una reunión de vecinos de su amistad con Íñigo Henríquez de Luna llegando incluso a ofrecer a un vecino su ayuda para un asunto dada la amistad que les unía. En distintas ocasiones se jactó también de su amistad con los señores Álvarez del Manzano y Ruiz-Gallardón".
El Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid llamará a declarar, aparte del concejal; al que fuera jefe de la Unidad de Licencias en la Gerencia de Urbanismo, Óscar Acero Fernández; el funcionario Fernando Ruiz Torrejón, y el técnico del área de Medio Ambiente, Miguel Ángel García Jodar.
El Ayuntamiento de Madrid no ha recibido aún una notificación oficial por parte del juzgado número 32 de Madrid sobre la citación a declarar como imputado dictada hoy para el concejal del distrito de Salamanca, Íñigo Henríquez de Luna, impulsor de la primarias en el PP. Según informó un portavoz municipal, "aún no se ha notificado formalmente, ni al edil ni al Ayuntamiento, esta citación", razón por la que eludieron hacer ningún tipo de valoración del asunto.