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Las concesionarias de las radiales tendrán que pagar 1.000 millones a los expropiados

Las concesionarias de las radiales tendrán que pagar 1.000 millones a los expropiados

Por MDO
martes 29 de abril de 2008, 00:00h
Las concesionarias de las radiales tendrán que pagar 1.000 millones a los expropiados ya que el Tribunal Supremo ha subido un 25 por ciento el coste de las expropiaciones. Por ello, las empresas se enfrentan con el Ministerio para que se haga cargo del sobrecoste.
Según informa este martes el diario ABC, las últimas sentencias del Tribunal Supremo, elevando más de un 25 por ciento el coste de las expropiaciones que se hicieron en su día, han despertado la alarma entre las constructoras que ahora se piensan mucho si se atreverán a presentarse a los futuros concursos de obra.

Sobrecargo fijado
Tan sólo dos empresas, Global Vía y Ploder, se han atrevido a optar por la R-1, que deberá duplicar la nacional de Burgos. Más cuando el Ministerio de Fomento ya recoge en el pliego de condiciones que el posible sobrecargo correrá a cargo de las concesionarias.

Dentro de poco será la Comunidad la que convocará los concursos para cerrar la M-50 por el norte bajo el Monte de El Pardo y construir la R-6 que tratará de descongestionar la nacional de La Coruña. Ambas necesitarán realizar expropiaciones de terreno y ambas se construirán por el sistema de concesión. Algo parecido puede pasar con el terreno necesario para realizar las ampliaciones del Metro o construir nuevas vías para el Metro Ligero.

Listado de expropiados
Pese a ello, en la Consejería de Infraestructuras no creen que puedan tener problemas ni en sus proyectos de carreteras ni de Metro convencional, ni de Metro Ligero. "La sentencia de la R-3 -dijeron- ha sido negativa porque no sacaron a información pública un listado de los expropiados. Nosotros sí lo hacemos y se deja un tiempo, denominado periodo de audiencia, para que los afectados puedan presentar sus alegaciones. Otras veces, en lugar de expropiaciones se accede al terreno mediante la firma de un convenio".

En realidad, las sentencias del Supremo, que pueden suponer casi 1.000 millones de euros para las concesionarias de todas la radiales y de la M-50, que se construyó sin peaje pero que también necesitó expropiaciones, son el primer paso hacia un «tira y afloja» de las constructoras con el Ministerio de Fomento.

No hay que olvidar que las concesionarias expropian, pero lo hacen en nombre del Estado, o de una Comunidad autónoma, ya que la concesión, pasado el tiempo, revierte a la administración correspondiente.Así, las empresas han han decidido defenderse y, aunque ya no caben más recursos ante los Tribunales, tratarán ahora de que el Ministerio de Fomento se haga cargo del pago del sobrecoste que se ha producido en las mencionadas expropiaciones.

Fórmula conjunta
Juan Lazcano, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) dijo según el diario ABC que "ante la sentencia del Supremo se ha creado gran preocupación en el sector, con un importante impacto económico que está por ver cómo pueden asumirlo". Además añadió, "dado que en todo caso se expropia en nombre del promotor, en este caso el Estado, debería encontrarse alguna fórmula conjunta para evitar un importante quebranto en las empresas".

"En todo caso -concluyó el presidente de la CNC- hay un principio básico y es el de la seguridad jurídica. El riesgo del valor de las expropiaciones no es razonable que se traslade al adjudicatario. Es lo mismo que ha pasado en la licitación de la Radial 1" concluyo el presidente de CNC.

Radicalmente nulo
Los afectados, por su parte, han esperado casi 10 años para ver el resultados de sus protestas. Fausto Sánchez, abogado de más de 400 afectados por la R-3 y la R-5, considera que debe haber, en total unos 7.000 recursos presentados por las expropiaciones. "En este caso el Supremo nos da la razón y dice que el procedimiento es radicalmente nulo por lo que se debería devolver los terrenos a sus propietarios. Como no puede ser, aumenta los precios en un 25 por ciento como indemnización sustitutoria de la ocupación ilegal" dijo según el rotativo del ABC.

En definitiva, los concursos de obra se ven, a partir de ahora, con mucho más temor y las empresas ya buscan algún método para que en los pliegos de condiciones se clarifique el posible pago de este sobrecoste que les retrae a la hora de presentarse a los concursos.
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