La Audiencia de Madrid va a juzgar el miércoles a la alcaldesa del municipio madrileño de Velilla de San Antonio, Antonia Alcázar, como acusada de prevaricación urbanística y medioambiental. Ello llega por no adoptar ninguna medida después de numerosas denuncias de los vecinos por el ruido y molestias de un local de la localidad.
Alcázar, que fue absuelta hace unos años de otra acusación de prevaricación, es la hermana de María Gertrudis, secretaria del ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y a quien el juez que está investigando el caso Plus Ultra da un "papel operativo esencial" en la presunta red de tráfico de influencias en la que sitúa al ex líder socialista.
Ahora la alcaldesa socialista se va a sentar en el banquillo de la Audiencia Provincial junto al concejal de Vivienda, Joaquín Panadero, una ex edil de Medio Ambiente y un técnico de Urbanismo, siendo acusados de un delito continuado de prevaricación urbanística y ambiental. El fiscal, de acuerdo con su escrito de conclusiones provisionales, solicita pena de prisión de 3 años e inhabilitación para cargo público con funciones urbanísticas y ambientales durante 12 años, de acuerdo con el informe de la Fiscalía de Madrid.
En su escrito, el ministerio público mantiene que los acusados "omitieron de forma deliberada sus obligaciones en materia de disciplina urbanística y de protección del medio ambiente y de la salud de los vecinos" al no escuchar sus "numerosas denuncias y quejas" por el funcionamiento de un establecimiento de hostelería de la localidad.
Esta finca, de acuerdo con el escrito, contaba con licencia de actividad de restaurante, pero no para el exterior, a pesar de que "se celebraban todo tipo de eventos, como fiestas, bodas, comuniones y bautizos". Se usaban las instalaciones exteriores, sin cumplir con "el horario de cierre" y "ocasionando graves molestias a los vecinos", con el "empleo de pirotecnia y equipos de música de alta potencia".
"Numerosas denuncias"
La Fiscalía remarca las "numerosas denuncias" que los vecinos interpusieron en el Ayuntamiento (cuantifica hasta 12, "entre otras") y las "múltiples actas de intervención de la Policía Local", que "solo dieron lugar a cuatro expedientes sancionadores del Ayuntamiento,".
Sin embargo, el fiscal subraya que en dichos expedientes "no fue adoptada resolución alguna". Están paralizados y los acusados, "como responsables del Ayuntamiento" no utilizaron sus competencias en materia de inspección y disciplina urbanística, ni tomaron ninguna medida cautelar "ni decisión de restablecimiento de la legalidad urbanística".
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