Vecinos denuncian 60 procesos de desahucio de la EMVS ante Almeida en Madrid

"De Madrid a... Debajo de un puente. Almeida desahucia a 60 familias". Un grupo de inquilinos de viviendas públicas gestionadas por la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) ha increpado este martes al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, a su llegada al Teatro Real con motivo de la celebración del 12ª edición de Bloomberg CityLab para denunciar su situación de decenas de familias que afrontan procesos de desahucio.

Entre los testimonios se encuenta el de Vansesa, madre de tres hijos menores, enferma y con orden de desahucio prevista para el próximo mes de mayo. "Somos 60 familias afectadas por la EMVS. A la gente la quieren desahuciar sin renovalrles el contrato", ha explicado a Madridiario. En su caso, arrastra una deuda antigua que asegura estar pagando: "Estoy liquidando la deuda, ahora mismo está en unos 7.300 euros (debía 9.000), pero no me atienden. Mi abogado ha intentado negociar un plan de pago y no han contestado".

Vanesa denuncia que, pese a encontrarse actualmente al corriente de pago en alquiler y suministros, se enfrenta a una demanda por impagos acumulados. "Me piden el dinero de golpe. Tengo tres menores, no trabajo y no sé qué hacer". Además, afirma haber agotado todas las vías posibles, desde recurrir a los servicios sociales a escribri a distintas instituciones, incluida la reina Letizia, sin obtener ninguna solución. "Solo nos ofrecen el Samur Social, que es un parche y no una alternativa habitacional real".

Los afectados trasladaron al alcalde que el caso de Vansea (que lleva desde 2006 viviendo en un domicilio de la EMVS situado la calle Doctor Tolosa Latour) no es un caso aislado, la semana pasada ya fue desahuciada Vera, también con tres menores, que actualmente vive hacincada en casa de unos amigos. Otras familias, como la de Fátima (con tres genereaciones conviviendo en su hogar), también han perdido su vivienda recientemente. Y la situación se expande a distintos distritos, ya que ordenes de desahucios en los distritos de "Usera, Villaverde, Vallecas o Carabanchel".

La activista Mercedes Revuelta, de la Asamblea de Vivienda de Usera (vinculada a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca), describe la situación como "muy grave". "Estamos hablando de una empresa pública que adjudica vivienda a familais vulnerables y que ahora tiene sobre la mesa 60 procesos judicializados, es decir, 60 domicilios con sus 60 familias a las que se les va a mandar a la calles", señala a Madridiario.

Revuelta critica que los desahucios se estén produciendo por deudas que considera "pequeñas", muchas derivadas de interrupciones en ingresos como el Ingreso Mínimo Vital. "Si dejas de cobrar durante meses, dejas de pagar todo. Luz, alquiler, comida, ropa para los niños... Pero para eso están las trabajadoras sociales, para intervenir antes. No están haciendo bien su trabajo", denuncia.

Segun explica, aunque existen mecanismos como los planes de pago, estos no se están aplicando de forma "efectiva y ni flexible". "La gente paga cuando puede, deja de pagar cuando no puede y vuelve a pagar. No puedes desahuciar por eso a familias que llevan muchos años viviendo en estas casas". Frente a esta versión, fuentes municipales de la EMVS lo desmienten y aseguran que los planes de pago "se ofrecen siempre" a los inquilinos en situación de dificultad, defendiendo que no se inicia un procedimiento judicial contra quienes "quieren pagar pero no pueden", sino en "aquellos casos en los que se incumple la normativa vigente".

Asimismo, Revuelta denuncia la falta de alternativas habitacionales reales, al igual que Vanesa. "Te obligan a aguantar hasta el día del desahucio y entonces te dicen si hay plaza en un albergue o tres noches de hostal. Eso no es una alternativa digna. Y eso si tienes suerte de que el día del desahucio no suceda nada grave y tengan que alojar a alguien". Revuelta insiste en que la vivienda pública "la hemos pagado entre todos" y que su función debe ser proteger a las familias vulnerables, no expularlas.

Respuesta municipal

Frente a esta acusaciones, fuentes municipales de la EMVS defienden que las viviendas "son públicas, un bien de todos los madrileños y sujetas a una normativa y reglamento", y exponen que la empresa "tiene la obligación legar de velar por su cumplimiento".

Según estas mismas fuentes, "con carácter general, la empresa municipal solo inicia procedimientos judiciales por cupaciones ilegales, tanto forzadas como no forzadas, cesiones ilegales y suarriendos". En esos casos, añaden, los servicios jurídicos "cumplen con su deber de interponer demandas de desahucio para proteger los derechos de los solicitantes inscritos que esperan la adjudicación de una vivienda".

Además, explican que, "por motivos de protección de datos, al afectar a derechos fundamentales y de privacidad de los afectados, no pueden dar información concreta del procedimientos actuales". "La oposición deberá aclarar si apoya el cumplimiento d ela ley y de los solicitantes inscritos legalmente ne el Registro d ela vivienda, o si respalda a quienes inclumplen las normas y ocupan ilegalmente el patrimonio de todos lo smadrilñoes", exponen, en referencia a las criticas vertidas por la oposición al conocer esta situación.

Durante el encuentro frente al Teatro Real, el alcalde, José Luis Martínez-Almeida escuchó a los afectados y aseguró que "no tenía conocimiento previo" de la situación. "Voy a llamar ahora mismo a la EMVS para que os reciban. Tenéis derecho a ser escuchados", afirmó.

Por el momento, las familias afectadas continúan a al espera de una respuesta, mientras que denuncian que decenas de hogares podrían quedarse sin una vivienda digna en las próximas semanas y sin una alternativa real.