La Comunidad advierte al Gobierno de que no aceptará nuevos traslados de menores migrantes sin cobertura legal

La Comunidad de Madrid ha comunicado al Gobierno de España que no aceptará nuevos traslados de menores migrantes no acompañados bajo el amparo del Real Decreto-ley 2/2025, al considerar que el mecanismo extraordinario de reubicación ha quedado sin cobertura jurídica tras expirar los plazos previstos.

La consejera de Asuntos Sociales, Familia y Juventud, Ana Dávila, ha trasladado esta posición en una carta dirigida al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, según ha informado Europa Press.

El Gobierno central ha defendido la continuidad del sistema de reubicación, que desde el 1 de septiembre de 2025 ha trasladado a la península unos 1.800 menores procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla. Torres ha subrayado que se trata de “una cuestión de justicia, solidaridad y cumplimiento del derecho internacional”, y ha asegurado que “el sistema de reubicación de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados se mantendrá durante lo que queda de legislatura”.

Sin embargo, desde la Comunidad de Madrid consideran “llamativo” que, tras declarar públicamente que la situación de contingencia había finalizado, el Ejecutivo central “pretenda ahora prolongar de facto un mecanismo extraordinario que ya carece de cobertura jurídica tras la expiración de los plazos legalmente previstos”. El límite para ejecutar los traslados en territorios declarados en emergencia migratoria era de un año desde la aprobación del Real Decreto-ley 2/2025, el 18 de marzo de 2025.

Dávila ha defendido que la Comunidad de Madrid ha cumplido “escrupulosamente” con la legalidad y sus obligaciones, y ha advertido que “no puede ni va a asumir actuaciones que carezcan de amparo normativo”. La consejera ha señalado que cualquier intento de realizar nuevos traslados fuera de los procedimientos previstos “supondrá una actuación contraria a derecho”.

Dávila responsabiliza al Gobierno central

Sobre la aplicación del real decreto, Dávila ha denunciado que “ha derivado, en la práctica, en un sistema de traslados que ha ignorado la necesaria coordinación con las entidades públicas de protección, la valoración individualizada de cada menor y, lo que es más preocupante, su propia voluntad y su situación familiar”. La consejera ha alertado de que “se ha llegado a separar a grupos de hermanos” y trasladar a jóvenes que “contaban con trabajo y una familia de referencia en su lugar de origen y que estaban a punto de alcanzar la mayoría de edad, abocándolos a una situación de vulnerabilidad, cuando no de auténtica marginalidad”.

“Se ha llegado a separar a grupos de hermanos”

Dávila ha instado a Torres a que “cese en el intento de impulsar cualquier iniciativa que pretenda mantener este sistema extraordinario fuera del marco legal. De no ser así, la Comunidad de Madrid ejercerá todas las acciones legales que sean necesarias en defensa de sus competencias y de la legalidad vigente”.

La consejera ha responsabilizado al Gobierno central de la emergencia migratoria que han sufrido Canarias, Ceuta, Melilla, así como Baleares, Andalucía, Murcia, Valencia y Madrid, por no haber ejercido sus competencias en materia de política exterior, control de fronteras e inmigración. Según Dávila, mientras las comunidades autónomas han movilizado todos sus recursos “para atender situaciones personales dramáticas, sostener sistemas de protección al límite y frenar la actuación de las mafias, su gobierno ha pasado del silencio y la inacción a la imposición”.

La consejera ha concluido que la solidaridad a la que alude el Ejecutivo central “no la han practicado en ningún momento”, recordando que “su Gobierno solo ha cumplido con sus obligaciones cuando se lo ha exigido un tribunal, como ocurrió con los menores solicitantes de protección internacional”.

La polémica, desde la Asamblea

Como cabía prever, el nuevo posicionamiento por parte del Ejecutivo autonómico ha despertado las críticas de las fuerzas de la oposición, que han aprovechado la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces que este lunes se ha celebrado en la Asamblea de Vallecas para posicionarse al respecto.Mientras las fuerzas progresistas, PSOE-M y Más Madrid, insisten en la necesidad de "cumplir la ley", en Vox identifican en el caso un nuevo síntoma de que "el Partido Popular se está arrastrando detrás de las encuestas".

"La ley la tienen que cumplir, incluso la señora Ayuso, por mucho que a ella le sorprenda. Que mida y que no se ponga tan chula", ha espetado la portavoz socialista, Mar Espinar para, a renglón seguido, exigir que "se deje de estigmatizar a los menores que están viniendo a nuestra país en busca de una oportunidad. Un deber, apostilla, que obedece al "lado humano" de la política.

En la misma línea, la líder de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha cargado contra la "decisión" de Isabel Díaz Ayuso de "gobernar bajo la crueldad". Una forma de hacer política que "no representa al pueblo madrileño" y su "sentimiento de solidaridad y acogida". "¿Para qué sirve ser la comunidad más rica de toda España si no hay suficiente presupuesto para garantizar los derechos fundamentales de niños y adolescentes?", ha reflexionado al termino de su intervención.

La más dura al respecto, la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, quien ha vuelto a acusar al PP madrileño de "arrastrarse detrás de las encuestas": "El Partido Popular tiene que explicar ese cambio -en su discurso-. Ahora resulta que sí hay herramientas legales -para oponerse a la acogida de estos menores- (...). Muchos eslóganes, muchos titulares, pero a la hora de la verdad votan siempre con la extrema izquierda".

Para el Grupo Parlamentario Popular, sin embargo, todo se reduce al cumplimiento de la normativa vigente en cada momento. "Teníamos la obligación legal de aceptar de forma absoluta los menores extranjeros no acompañados que nos derivasen desde el Gobierno central. Había un real decreto que estaba en vigor y que nos obligaba. Su vigencia ha terminado. Ya no hay soporte legal para esa obligación y, por tanto, todo lo que se haga -a partir de ahora- respecto a esa competencia tendrá que ser por acuerdo entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid", ha explicado Carlos Díaz-Pache.