Tal y como ya había anticipado por voz de su portavoz, Miguel Ángel García Martín, la Comunidad de Madrid ha presentado sus alegaciones para la modificación "sustancial" del proyecto de Real Decreto para la creación de las nuevas plazas de jueces previstas para 2026.
En concreto, los de Isabel Díaz Ayuso reclaman un total de 142, frente a las 69 planteadas por el Gobierno central para este curso. Un "número insuficiente", aseguran, para abordar la carga de trabajo que actualmente recae sobre la planta madrileña.
Más allá de la cuestión numérica, desde la región capital encuentran "importantes carencias técnicas y organizativas" que bien podrían terminar por "comprometer gravemente la eficacia real" del proyecto. La fundamental, la ausencia de una "previsión presupuestaria" verdaderamente "detallada", que garantice su aplicación efectiva de la mano de un calendario de implantación "detallado" .
Única vía, detallan, que permitiría a las comunidades autónomas con competencias transferidas planificar e implementar con la antelación necesaria los medios materiales, tecnológicos y de infraestructura necesarios para su entrada en vigor.
Pero también "garantías" de acceso por "oposición libre". O lo que es igual, atendiendo a los principios de "mérito y capacidad". Un principio, advierten desde Sol, que no se estaría priorizando desde el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que encabeza Félix Bolaños.
"Es un decreto a la manera Bolaños"
"Faltan plazas, no hay garantía acceso transparente, no hay presupuesto, ni calendario efectivo implantación... Es un decreto a la manera Bolaños, con una planificación deficiente, desproporcionada y alejada de los criterios técnicos", ha zanjado visiblemente molesto García Martín durante la rueda de prensa posterior a la celebración del Consejo de Gobierno de este miércoles.
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