La Fiscalía ha solicitado al Tribunal Supremo que anule la sentencia contra Álvaro García Ortiz, condenado a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos en relación con Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
En un incidente de nulidad firmado por la teniente fiscal María de los Ángeles Sánchez-Conde, el Ministerio Público pide al Supremo que deje sin efecto la resolución. De manera subsidiaria, reclama que se retire la indemnización por daños morales impuesta a favor de González Amador, así como la condena al pago de las costas de la acusación particular.
El escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, argumenta que el recurso es procesalmente viable y denuncia la vulneración de varios derechos fundamentales: la presunción de inocencia, el principio acusatorio, la legalidad penal y la tutela judicial efectiva.
Según la Fiscalía, el Supremo no valoró adecuadamente declaraciones de numerosos testigos ni tuvo en cuenta que el correo electrónico objeto del proceso ya había sido difundido por la prensa antes de llegar a García Ortiz. "Cuando el mensaje llegó al fiscal general ya estaba publicado", sostiene el documento. Añade además que, en los días previos, diversos medios habían acusado a la Fiscalía de actuar por motivos políticos en una investigación que afectaba a González Amador, lo que, según el escrito, contó con apoyo desde el Gobierno regional madrileño.
El Ministerio Público subraya que la causa penal afectaba a la pareja de la presidenta madrileña, investigado por presunto fraude fiscal, y que esa situación generó una intensa presión mediática.
Respecto a la sentencia, la Fiscalía critica que solo analiza "escasos" testimonios de descargo y que, aunque parece admitir que los periodistas obtuvieron el correo por otras fuentes, no otorga relevancia a ese hecho. También cuestiona que exista verdadera homogeneidad entre la acusación particular y la condena finalmente impuesta, algo que considera necesario para justificar la imposición de costas.
El fallo del Supremo provocó la salida de García Ortiz del cargo de fiscal general del Estado, al que había llegado tras ser número dos de Dolores Delgado. La decisión fue adoptada por un tribunal de
siete magistrados, con mayoría conservadora y el voto discrepante de dos juezas progresistas, después de que cinco de ellos acordaran en octubre de 2024 imputarle por la filtración del acuerdo ofrecido por la defensa de González Amador a la Fiscalía.
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