La Justicia investiga al delegado del Gobierno en Madrid por el operativo policial de La Vuelta

El Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid ha abierto diligencias previas contra el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, por la gestión del dispositivo policial desplegado durante la última etapa de La Vuelta a España en la capital. La causa, registrada como Diligencias Previas 3031/2025, se inicia tras la denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias y pone bajo la lupa la planificación y ejecución del operativo de seguridad.

La investigación judicial se centra en un dispositivo que acabó con 22 agentes de la Policía Nacional heridos, algunos de ellos de gravedad, y con la suspensión de la prueba ciclista en medio de disturbios violentos en distintos puntos del recorrido. El sindicato denunciante atribuye la responsabilidad directa al delegado del Gobierno, en su condición de máxima autoridad del Estado en materia de seguridad en la región, y le imputa presuntos delitos de imprudencia grave con resultado de lesiones, desórdenes públicos y desobediencia a la autoridad, sin descartar una posible prevaricación administrativa.

Según la denuncia, el operativo fue "insuficiente, mal dimensionado y carente de previsión", pese a la existencia de informes previos que alertaban del riesgo de incidentes. Manos Limpias sostiene que se dieron órdenes restrictivas a los mandos policiales que limitaron la capacidad de actuación de las unidades antidisturbios, en un contexto de creciente tensión en la vía pública.

Uno de los elementos clave de la investigación será determinar la cadena de mando y el grado de intervención directa del delegado del Gobierno en el diseño del dispositivo. La jueza deberá aclarar si las decisiones adoptadas tuvieron una traslación directa en la actuación policial y si esa planificación contribuyó a las lesiones sufridas por los agentes. En este sentido, la denuncia apunta a una estrategia deliberada de “no intervención” que dejó a los policías "sin margen de reacción", expuestos a ataques con vallas, botellas, piedras y otros objetos contundentes.

Inma Sanz: "Era un dispositivo diseñado para que fracasara"

La vicealcaldesa y portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Inma Sanz, ha valorado la apertura de diligencias asegurando que la investigación judicial es "lógica" a la vista de lo ocurrido. "Es lógico porque, como dijimos desde un primer momento, ese dispositivo no se hizo para que saliera bien La Vuelta, sino precisamente para que tuviera el final que tuvo, que no es la imagen que queremos de nuestra ciudad", ha afirmado.

Sanz ha señalado directamente el diseño del operativo y ha subrayado que los 22 policías heridos "nunca tuvieron que estar heridos por un dispositivo mal dimensionado y diseñado precisamente para que fracasara". En su opinión, los testimonios de los agentes serán determinantes: "Estoy segura de que los policías van a explicar exactamente cuáles fueron los errores, además de un mal dimensionamiento y de directrices que no fueron las correctas para que esto saliera bien".

La vicealcaldesa ha insistido en que el impacto para la ciudad fue "extraordinario", tanto en términos de imagen como de seguridad. "Hubo un riesgo cierto para la vida y para la seguridad de los policías nacionales que allí estuvieron y también para muchos ciudadanos que acudieron”, ha señalado, al tiempo que ha reclamado que “se depuren todas y cada una de las responsabilidades".

Sanz ha acusado al Gobierno de España de alentar el boicot a la prueba ciclista y ha defendido el derecho a la protesta pacífica, pero ha marcado una línea clara frente a los disturbios. "Por supuesto, defendemos cualquier protesta pacífica ante cualquier causa que se considere justa, pero lo que no es de recibo es que desde el Gobierno de España se jalée el boicot al cierre de la Vuelta Ciclista a España, que siempre ha sido un éxito en nuestra ciudad", ha concluido.

Los testimonios policiales, clave en la causa

Entre las diligencias solicitadas figura la declaración de los 22 agentes heridos, cuyos testimonios permitirán reconstruir cómo se desarrolló el operativo desde dentro. La denuncia sostiene que los policías fueron desplegados sin material adecuado, con una planificación deficiente y sin refuerzos suficientes, pese a que la situación se fue tensando desde primeras horas del día.

La jueza también analizará la reacción pública del delegado del Gobierno tras los disturbios, cuando llegó a calificar el dispositivo como "un éxito", pese a las lesiones sufridas por los agentes y al escaso número de detenciones practicadas. Para los denunciantes y los sindicatos policiales, este hecho evidencia la falta de contundencia y de respaldo operativo a las fuerzas de seguridad.

Este nuevo procedimiento judicial llega después de que el juez Juan Carlos Peinado archivara este jueves la causa en la que Francisco Martín Aguirre figuraba como investigado en el denominado ‘caso Begoña Gómez’, una decisión adoptada tras el criterio de la Audiencia Provincial de Madrid, que ordenó retirarle esa condición al considerar que su imputación se sustentaba en "meras suposiciones".