El Colegio de Economistas de Madrid ha celebrado este jueves la jornada 'En busca de soluciones al problema de la vivienda', un foro que reunió a representantes autonómicos, municipales, colegios profesionales y sector inmobiliario para abordar un diagnóstico compartido: la crisis de acceso a la vivienda en España es estructural y requiere reformas profundas, estabilidad jurídica y activación urgente de suelo finalista.
La sesión fue moderada por Julián Salcedo, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios, quien abrió el encuentro contextualizando la reciente aprobación de la nueva entidad pública CASA47. Salcedo lamentó la ausencia de representantes del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) y cuestionó la capacidad del SEPES para liderar una política pública de vivienda de gran escala: 'CASA47 nace de un SEPES que no ha promovido ni un solo suelo residencial; difícilmente puede liderar la mayor política pública de vivienda'.
Demanda creciente y oferta insuficiente: un problema estructural
El viceconsejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, José María García Gómez, abrió la jornada subrayando que la crisis de vivienda no responde a factores coyunturales. La Comunidad de Madrid recibe anualmente 120.000 nuevos habitantes, una presión que —según explicó— obliga a abordar la vivienda como “un reto demográfico, productivo y territorial”. Criticó también la estrategia estatal respecto a Sareb: “El suelo de la Sareb tardará entre 5 y 8 años en convertirse en vivienda real.”
El viceconsejero de Medio Ambiente, Agricultura y Ordenación del Territorio, Rafael García González, detalló los ejes de la nueva Ley del Suelo madrileña, que reducirá a tres las clasificaciones de terreno (urbanizado, rural y rural protegido). La reforma pretende simplificar la tramitación, reducir la litigiosidad urbanística, impulsar nuevos modelos de transformación y reforzar el poder de los ayuntamientos.
En la clausura intervino el delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, quien alertó de una caída del 75 por ciento de la oferta de alquiler en la ciudad tras la entrada en vigor de la Ley estatal de Vivienda. Señaló que la raíz del aumento de precios está en la drástica reducción de construcción: 5,4 millones de viviendas edificadas entre 2000 y 2010 frente a apenas 734.000 en la década siguiente.
Carabante desgranó medidas municipales como nuevas normas urbanísticas, el futuro Plan General, el desbloqueo de desarrollos pendientes, la flexibilización del cambio de uso de oficinas a vivienda y el Plan Reside para favorecer vivienda asequible. Defendió el modelo madrileño como “un modelo de éxito que atrae inversión gracias a la colaboración público-privada y la estabilidad institucional”.
El delegado de Vivienda del Ayuntamiento, Álvaro González, fue aún más crítico con el Gobierno central y calificó el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026–2030 como un “trágala”. Denunció que el Estado pretenda trasladar el 40 por ciento del coste a las comunidades sin negociación y aseguró que la Ley estatal de Vivienda ha desplomado la oferta: “La oferta de alquiler en Madrid ha caído un 80 porciento por inseguridad jurídica, ocupación y el decreto que obliga al propietario a pagar suministros al ocupante.”
El cuello de botella: el suelo finalista
La directora general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, Sara Aranda, insistió en que “no falta suelo, falta suelo finalista”. Explicó que parte del suelo existente es inservible a corto plazo por trabas administrativas, planeamiento obsoleto o inviabilidad económica. Presentó además iniciativas como la futura Ley LÍDER, la tramitación simplificada o la aceleradora urbanística.
Desde Castilla y León, su directora general de Vivienda, María Pardo, advirtió que el problema del suelo finalista afecta también a territorios de menor densidad. Alertó de que, sin medidas urgentes, la región podría enfrentar una situación crítica en 10–15 años.
El papel del sector privado y los límites de la intervención
La presidenta de Asprima, Carolina Roca, defendió que sin inversión privada no se puede combatir la escasez de oferta. Aplaudió las reformas de Madrid para atraer capital y recordó que, según el informe LandCAM, existe suelo plenamente identificado para 240.000 viviendas y hasta 360.000 si se acelera la tramitación.
El decano del COAM, Sigfrido Herráez, subrayó la importancia de la rehabilitación y reclamó flexibilidad normativa para permitir viviendas más pequeñas, redensificación en barrios antiguos y mayor calidad constructiva.
Por su parte, Segismundo Álvarez, presidente de Hay Derecho, criticó controles de precios y penalizaciones a viviendas vacías, calificándolos de “políticas que acaban castigando a propietarios y a los más vulnerables”. Aseguró que las viviendas vacías representan apenas el 3% del parque en zonas tensionadas y que los efectos de la regulación replican los fracasos de Cataluña, Berlín o Dublín.
La directora general de Vivienda y Rehabilitación de Madrid, María José Piccio-Marchetti, destacó que la región concentra ya el 53 por ciento de la nueva vivienda protegida de España tras su primer plan de choque. La actualización del precio de VPP —congelado desde 2008— multiplicó por siete las calificaciones provisionales, pasando de 1.800 en 2023 a más de 12.800 en 2024. Su nuevo plan 2026–2027 permitirá mayor edificabilidad, incremento de densidad, reducción de costes y ampliación del cambio de uso hacia vivienda protegida.
Desde la Comunidad Valenciana, Estefanía Martínez, directora general de EVA, explicó cómo la región ha pasado de no calificar ni una sola VPP en una década a activar más de 5.500 viviendas en un año tras reformar su reglamento y actualizar módulos y criterios de ingresos.
Visiones opuestas sobre el Plan Estatal de Vivienda
El director gerente de APCEspaña, Alfredo Díaz-Araque, fue uno de los pocos en defender con firmeza el nuevo Plan Estatal de Vivienda, al que calificó como una herramienta positiva y ambiciosa, destacando el refuerzo presupuestario, la recuperación de ayudas a VPO en venta y alquiler y los incentivos a la vivienda industrializada.
La jornada evidenció un diagnóstico ampliamente compartido entre administraciones y sector: falta de suelo finalista, oferta insuficiente, marcos regulatorios complejos e inseguridad jurídica. Sin embargo, la hoja de ruta hacia una solución sigue generando discrepancias profundas entre los distintos niveles de gobierno, especialmente en torno a la Ley estatal de Vivienda y al papel del Estado en la financiación y regulación del mercado.
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