Tras el levantamiento de las medidas cautelares y a raíz de una "petición expresa de dicho juzgado", el Ayuntamiento de Madrid ha precintado el Teatro Barceló. Esto ocurre después de que la Agencia de Actividades (ADA) emitiera una orden de cese y precinto durante un año debido a un exceso de aforo.
Funcionarios, acompañados de agentes de la Policía Municipal, han llegado al exterior de este emblemático local de ocio de la capital en torno a las 10:00 horas. Allí, una decena de trabajadores han mostrado su malestar con esta decisión, con la que la plantilla se sume en la incertidumbre en lo que se refiere a su futuro laboral.
Fuentes municipales comunicaron a Europa Press que se ha dispuesto un primer precinto de clausura por seis meses. Además, se prevé la imposición de un segundo precinto debido a una infracción adicional relacionada con el aforo, lo que podría extenderse hasta un año en total.
Miembros de la Plataforma por el Ocio también han acudido al teatro y han informado a los medios que "van a agotar todas las vías". Además, han señalado que ya se han dirigido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para impugnar la medida, aunque reconocen no saber si Teatro Barceló podrá abrir durante las festividades navideñas.
A fecha del 27 de noviembre, se recuerda en el precinto que el incumplimiento de la resolución "podrá dar lugar a responsabilidades penales y/o administrativas de conformidad con lo previsto en la legislación vigente".
En declaraciones a los periodistas, Jesús Martínez, su portavoz, ha indicado que el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, está cruzando "todas las líneas rojas" con esta medida. Además, ha comunicado que se producirá "una ruptura de negociaciones" con el Consistorio al considerar que "ataca y cuestiona la integridad y la profesionalidad de la gestión de los establecimientos públicos y los locales de ocio".
"Choque de trenes" entre el sector del ocio y el Consistorio
"Un conflicto que se dirige a un choque de trenes entre las pymes y empresas del sector servicios y la Delegación de Urbanismo de Borja Carabante en el mejor momento de la historia de la gastronomía, la vida nocturna y los espectáculos de Madrid como atractivo turístico y de generación de riqueza para la ciudad", ha señalado en un comunicado.
Martínez ha descrito la situación como "un conflicto sin precedentes", señalando que debería "provocar la reflexión del Ayuntamiento de Madrid" al "arruinar" a las empresas "con precintos y cierres de años que suponen su pena de muerte aplicando con absoluta ligereza el régimen sancionador" e "incumpliendo los compromisos adquiridos durante el proceso negociador con las empresas y con las patronales".
"Cerrar el Teatro Barceló es atacar a una empresa de más de 45 años, que trajo la marca Pachá a Madrid, y que, desde entonces, lleva prestando sus servicios a su público cada fin de semana de manera impecable y sin ningún tipo de incidencia en materia de seguridad", ha declarado el portavoz de la Plataforma por el ocio.
También ha subrayado que hay un "problema con los aforos" en los establecimientos de ocio nocturno, cuestionando así el "rigor y la competencia del trabajo de los técnicos y personal de confianza que dirige la Agencia de Actividades".
Es importante señalar que el precinto en Barceló se realiza tras "dos infracciones graves que comprometieron la seguridad de los usuarios al superar el aforo permitido", como indicó Carabante. En relación a esto, las asociaciones del sector han estado pidiendo desde hace tiempo una revisión de la normativa que regula los aforos en los locales, así como una actualización en el cálculo de estos, fundamentada en criterios de seguridad y en la preparación de los propios establecimientos.
"Este equipo de Gobierno no presiona a nadie"
La vicealcaldesa, portavoz municipal y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha insistido en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno que "se adoptan las medidas tras el levantamiento de las medidas cautelares por parte del juzgado y por petición expresa de él para que se ejecutara el precinto".
Sanz ha recordado que se ha llevado a cabo por dos sanciones de superación de aforo, "cada una de ellas de una manera importante". La vicealcaldesa es consciente de que "hay una demanda del sector respecto a modificaciones legales que se puedan introducir pero mientras esté vigente la normativa actual hay que darle cumplimiento".
La vicealcaldesa no ha entrado en las acusaciones de los empresarios del ocio porque "lo que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid es dar cumplimiento a un pronunciamiento judicial". "Este equipo de Gobierno no presiona a nadie y respeta absolutamente la labor de los tribunales, a diferencia de lo que hace, por ejemplo, el Gobierno de España, que se dedica no sólo a presionar sino también a insultar públicamente y a poner en cuestión las sentencias que se hacen desde los tribunales".
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