El Ayuntamiento de Madrid ejecutará este jueves el precinto del Teatro Barceló, después de que el juzgado que lleva el caso ordenara continuar con el procedimiento sancionador. Según fuentes municipales consultadas por Europa Press, el cierre se realizará por "petición expresa de dicho juzgado", una vez levantadas las medidas cautelares que mantenían paralizada la resolución.
El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, recordó recientemente que la Agencia de Actividades (ADA) había impuesto al establecimiento una clausura de un año "como consecuencia de dos infracciones graves que comprometieron la seguridad de los usuarios al superar el aforo permitido". El Ayuntamiento aplicará ahora la primera de ellas, que implica seis meses de cierre, y posteriormente hará efectiva la segunda hasta completar la sanción total.
La medida ha sido recibida con críticas por la Plataforma por el Ocio, que interpreta la situación como el resultado de "presiones" y "amenazas veladas" de la Concejalía de Carabante al juzgado para retirar las cautelares. La organización sostiene que el delegado "responsabiliza" al juez de "cualquier problema de seguridad que pudiera producirse en el local", y recuerda que "en 30 años no ha habido un solo incidente asociado a la falta de medidas de seguridad en los locales de ocio de Madrid".
El portavoz de la plataforma, Vicente Pizcueta, considera que la postura municipal ha superado límites razonables: "La delegación de Urbanismo le dice al juez que aténgase a las consecuencias y asuma su responsabilidad si se produce cualquier problema de seguridad en un local de ocio nos parece desproporcionado nos parece atentar contra la imagen turística de la ciudad de Madrid y la reputación del sector", ha manifestado.
El colectivo acusa además a Carabante de comprometer la "calidad, profesionalidad y seguridad" del sector mediante "actuaciones negligentes y reiteradas", que desembocan en "descrédito político e institucional". También denuncian que las decisiones de la ADA son "desproporcionadas y arbitrarias", al tratarse, según recalcan, de un asunto de "superación de aforos de licencia" y no de "seguridad".
En su último comunicado, la Plataforma ha solicitado que se mantenga la suspensión del precinto y reclama un diálogo con el Ayuntamiento para definir una nueva instrucción sobre aforos en los locales de la ZPAE de Centro que incluya "la capacidad de evacuación de los locales y que permita desbloquear la tramitación de los nuevos aforos".
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