Los vecinos de Arganda del Rey han protagonizado en las últimas semanas una movilización contra el modo en que el Ayuntamiento del municipio ha calculado la nueva tasa de basuras. Con un total de 3.700 firmas, los residentes de la localidad presentaron el pasado domingo 2 de noviembre este recurso ante el registro del Consistorio argandeño. La asociación vecinal La Poveda, una de las entidades más activas en esta reclamación, ha recogido el malestar de miles de residentes de la localidad.
La controversia se ha originado a raíz de la forma en la que el Gobierno Municipal ha aplicado la tasa de recogida y tratamiento de residuos. El cálculo ha tenido en cuenta los metros cuadrados totales de los inmuebles incluyendo trasteros, garajes y zonas comunes. El resultado ha sido un elevado importe para numerosos vecinos. Así lo ha trasladado Juan Martínez, portavoz del colectivo vecinal, que ha explicado que ha pagado por “más de 100 metros cuadrados cuando en realidad son útiles 90”. Según Martínez, esta inclusión de zonas que no son parte de la vivienda han provocado que muchas familias se hayan visto empujadas a un tramo superior de pago.
“Por un local que es la mitad que mi casa hemos pagado el doble”
El cálculo de la tasa se ha basado también en un sistema de usos catastrales que ha afectado a los pequeños negocios del municipio. “Por un local que es la mitad que mi casa hemos pagado el doble”, ha afirmado Martínez, quien ha expresado su malestar con el procedimiento de cobro diseñado por el Ayuntamiento.
Reforma de la normativa municipal
El Ayuntamiento ha reconocido recientemente la necesidad de modificar la ordenanza y ha anunciado que a partir de 2026, la tasa incluirá nuevas variables. Entre ellas, se contempla el número de personas empadronadas en cada vivienda o la situación de vulnerabilidad de los hogares; así como bonificadores para inmuebles vacíos o para aquellos que no generen recurso de manera habitual. Sin embargo, fuentes vecinales han insistido en que esas variaciones no son suficientes y siguen siendo “injustas”. “La tasa sería justa si se tuviesen en cuenta los criterios de renta”, ha manifestado el residente de Arganda del Rey.
Las críticas no se han limitado a la falta de proporcionalidad, sino también al propio fundamento de la tasa. Martínez ha cuestionado su legitimidad y ha recordado que la ley estatal que la regula establece que “los costes de la gestión de residuos deben ser asumidos por quienes los generan o distribuyen”. “La tasa hace pagar a los ciudadanos algo que los ciudadanos no deberíamos pagar”, ha apostillado el portavoz vecinal. “Esos gastos deberían pagarlos las empresas distribuidoras y las empresas productoras de plásticos y de residuos”, ha asegurado.
Fuentes vecinales han contado que, tras un encuentro entre el concejal de Hacienda de la localidad y los residentes del municipio, el Ayuntamiento justificó este sistema de cálculo (el que afecta a 2025) porque el padrón del que disponía no apuntaba el número de ocupantes reales de cada inmueble. Esa carencia, según Martínez, ha sido utilizada como argumento para no aplicar criterios más equitativos. “Nosotros nos reunimos con el concejal de Hacienda cuando sacaron esta normativa y nos dijo que era imposible haberlo calculado de otra manera porque ellos no tenían el padrón de referencias catastrales y la gente que vivía o que ocupaba cada una de las referencias catastrales, lo cual a mí me parece increíble, porque entonces no sé para qué sirve el padrón”, ha detallado el miembro de la AV La Poveda.
"A mí me parece increíble porque entonces no sé para qué sirve el padrón”
En este sentido, el objetivo de la campaña ha sido doble. Por una parte, reclamar una revisión de la ordenanza fiscal que regula la tasa y por otra, exigir la devolución de los importes cobrados este año. La Poveda ha animado a los vecinos a presentar recursos de reposición ante el Ayuntamiento, aunque Martínez ha apuntado que el Consistorio “no ha respondido a ninguno de ellos”. Por su parte, fuentes municipales han explicado que los casos de devolución de pagos “aún no están claros” pero que “se estudiarán de manera individual”.
Además, la asociación vecinal La Poveda ha señalado que, en paralelo a la recogida de firmas, se han mantenido consultas con abogados para estudiar la posibilidad de interponer una demanda contencioso-administrativa. “Todavía no se sabe si se podrá hacer de manera conjunta, o si será mejor una demanda por cada referencia catastral”, ha comentado Martinez. En todo caso, el colectivo ha considerado indispensable mantener la presión social y legal para lograr un cambio en la aplicación de la tasa de cara a los próximos ejercicios.
Por su parte, el Ayuntamiento de Arganda del Rey ha señalado a Madridiario que, en el Pleno extraordinario celebrado el pasado 22 de octubre —en el que se modificó la ordenanza municipal— se aprobaron bonificaciones que beneficiarán a más de 15.000 viviendas, así como a negocios y empresas del municipio. Asimismo, el Consistorio ha recordado que el Gobierno trasladó esta competencia a los ayuntamientos con el fin de que no se vieran obligados a aplicar el cobro de esta tasa.
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