No se defiende la democracia destruyéndola

Está de moda hablar en vano de la democracia siguiendo los dictados de populistas como Donald Trump o Javier Milei (¡Viva la libertad carajo!, pero con motosierra). Estos señores que gobiernan EEUU y Argentina no creen en el sistema democrático a pesar de usar las palabras para confundir mientras en la práctica restringen derechos civiles y ciudadanos.
Uno se puede preguntar si se puede defender la democracia destruyéndola a base de abandonar los servicios públicos y restringir derechos sociales de las minorías, de la mujer (interrupción voluntaria del embarazo, por ejemplo) o del colectivo LGTBI. Esta cuestión la podría aclarar la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien condecoró a Milei y bendijo la llegada de Trump a la Presidencia de EEUU (‘somos un gobierno proamericano’, dijo). Es lógico analizar la tensión entre la defensa de las instituciones democráticas y las políticas públicas que implementan. Es necesario no olvidar que la defensa de la democracia se basa intrínsecamente en el respeto a los derechos fundamentales y en el mantenimiento de un Estado de derecho que proteja a todas las minorías. Hay que recordar que la democracia moderna no se limita al voto; incluye la protección de los derechos civiles y sociales. Restringir derechos de minorías o erosionar servicios públicos esenciales (sanidad, educación) socava el principio de igualdad y dignidad humana que sustenta el pacto democrático. Cuando el Estado falla en proteger a sus ciudadanos más vulnerables o niega servicios básicos, se debilita la confianza en su legitimidad.
El abandono deliberado de los servicios públicos esenciales como la sanidad crea desigualdad y exclusión, lo que puede generar inestabilidad social y desafección política.
Se puede afirmar con rotundidad que, si un gobierno utiliza los mecanismos democráticos como ganar elecciones para implementar políticas que sistemáticamente desmantelan las protecciones sociales o los derechos de ciertos grupos, se genera una destrucción desde dentro. Se produce, entonces, una erosión democrática, ya que se vacía de contenido real el concepto de ciudadanía igualitaria.

Lo normal es que la democracia se defienda fortaleciendo sus pilares (derechos, igualdad, servicios públicos), no debilitándolos, incluso si esas acciones son tomadas por representantes elegidos legítimamente.
Las estrategias utilizadas para justificar la restricción de derechos y el deterioro de servicios públicos mientras se mantiene una fachada de defensa democrática suelen centrarse en redefinir el significado de democracia y libertad.
Los populistas venden que los servicios públicos universales son una imposición o una carga fiscal excesiva, para justificar sus recortes. Se utiliza la retórica de una crisis inminente (económica, migratoria, cultural) para justificar medidas excepcionales o recortes severos en el gasto social. Se argumenta que, para salvar el Estado, es necesario reducir su alcance social.
Otra de sus estrategias consiste en presentar cualquier derecho de minoría como un privilegio o una imposición ideológica que va en contra de los valores tradicionales de la mayoría votante.
El desmantelamiento de servicios como la sanidad se presenta no como una decisión política, sino como actos de eficiencia y racionalización de costes. Esto oculta la decisión política de reducir la provisión pública y derivar hacia lo privado.
Veamos, por ejemplo, cómo Ayuso aplica su libertad, además de para tomar cervezas, para deteriorar la sanidad pública en Madrid. En lugar de reconocer la falta de inversión o la necesidad de más personal como una decisión política, se argumenta que las listas de espera son producto de un déficit estructural heredado. Esto justifica recortes o la externalización de servicios como medidas técnicas inevitables. Cuando las listas de espera son insostenibles, la derivación de pacientes a la sanidad privada concertada se presenta como una solución temporal y pragmática para garantizar la continuidad asistencial.

Esta acción, aunque resuelve el problema inmediato de un paciente, refuerza la dependencia del sistema privado y desincentiva la inversión estructural necesaria para el sistema público, cumpliendo así con la estrategia de debilitar el servicio público. Se promueve la idea de que tener un seguro privado o poder elegir libremente centro médico (incluso si es privado) es un indicador de libertad. Esto ayuda a normalizar que el acceso rápido a la atención de calidad dependa de la capacidad económica, erosionando el concepto de derecho universal.
Parece claro que manosear las palabras libertad y democracia para lanzarlas al aire como pañuelos de seda que no sirven ni para limpiarse los mocos supone un obstáculo para curar los catarros que nos provocan sus recortes y deterioro calculado de los servicios públicos que nos ofrece el Estado de derecho.