Apenas han transcurrido 24 horas desde que el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid diese el visto bueno a su Proyecto de Ley de Presupuestos regionales para 2026. Un solo día y, como de costumbre, incontables reacciones. Desde el Ejecutivo regional, claro, defensa a ultranza de unas cuentas "expansivas" y que, con "nueve de cada diez euros" destinados a "gasto social", vienen a brindar unos servicios públicos "caracterizados por la excelencia y la calidad".
Sin embargo, para la oposición y los sindicatos con mayor implantación en la región se trata, en resumidas cuentas, de un mero "ejercicio de propaganda" que, como ya ocurriese en ejercicios anteriores, "vuelve a repetir los mismos anuncios de inversiones y actuaciones que nunca se cumplen". Por ende, unos Presupuestos "a años luz de las necesidades de la ciudadanía madrileña".
"Ayer se presentaron los Presupuestos de la Comunidad (...). Es un ejercicio de propaganda como los que ya nos tiene acostumbrados la presidenta. No recogen las medidas necesarias para romper con la desigualdad social ni territorial", resumía, contundente, la secretaria general de Comisiones Obreras de Madrid, Paloma López.
En el eje de la crítica a cargo de CCOO dos asuntos clave. El primero, la tan de moda financiación universitaria. Y es que "no se está alcanzado lo que viene recogido en la Ley Orgánica del Sistema Univeristario (LOSU), que sería alcanzar el uno por ciento del Producto Interior Bruto de nuestra comunidad". El resultado, tras haber presupuestado un incremento del gasto ligeramente superior a 75 millones de euros, un agujero que alcanza los "1.000 millones".
Por otro lado, continúa López, el presupuesto para Sanidad "evita reconocer el gasto sanitario real en conciertos y contratos sanitarios, que se regularizan solo a posteriori para evitar el control presupuestario". En el fondo de la cuestión, apostilla, una deriva privatizadora que se acrecienta cada año: "Resulta especialmente preocupante el creciente rol de la Agencia de Contratación Sanitaria, con un crecimiento en los fondos asignados superior del 16,4 por ciento, que actúa como vehículo para la privatización de la salud madrileña".
Desde AMYTS, por su parte, suman un nuevo elemento a la ecuación sanitaria: la imposibilidad de "atraer y fidelizar" a los profesionales en las condiciones actuales. Para muestra, sin ir más lejos, "un dato muy objetivo como es el de la retribución de la hora de guardia o jornada complementaria", donde "seguimos en el vagón de cola, solo por delante de Ceuta y Melilla".
A ello se suma, señala sin pudor la secretaria general del sindicato, Ángela Hernández, las deficiencias en las plantillas de Atención Primaria, donde "siguen sin corregir que falta un 30 por ciento de especialistas en Pediatría y un 20 por ciento en especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria".
Y apostilla: "las medidas que toman al respecto son de maquillar números, como actuar sobre sobre los cupos, lo que hará que los pacientes estén asignados a médicos, pero no actuará sobre la sobrecarga de trabajo y sobre la imposibilidad de una adecuada atención a esos pacientes".
Desde un prisma muy similar, en UGT ponen el foco sobre la "creciente desigualdad social". Tanto es así que, a tenor de los datos ofrecidos por el propio sindicato, más de 1,4 millones de personas en la Comunidad estarían en la actualidad en riesgo de pobreza o exclusión social y más de medio millón sufrirían, además, pobreza severa. "El Gobierno regional asegura destinar casi el 90 por ciento del presupuesto al gasto social" pero "solo el 13 por ciento de quienes necesitan protección social acceden realmente a ella", lamentan.
"Madrid no puede seguir presumiendo de crecimiento económico mientras deja atrás a tantas personas. La inversión debe llegar a las familias, a los mayores, a la infancia y a quienes más lo necesitan, no quedarse en los márgenes de los grandes contratos o en modelos externalizados" sentencia al respecto la secretaria de Políticas Sociales de UGT Madrid, Laura Muñoz.
En la antípodas de tales razonamientos, la postura del Ejecutivo autonómico y, por su puesto, de la principal artífice de las últimas cuentas, la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, para quien las quejas resultan "prematuras" y "no demasiado serias".
Con afán constructivo, no obstante, la titular confía en que tales sugerencias terminen por recalar en el debate parlamentario, paso previo a la aprobación de la Ley de Presupuestos en la Asamblea, pues "si son en positivo y si benefician al conjunto de los madrileños estoy convencida de que serán tenidas en cuenta y haremos todo lo posible para que se puedan aprobar".
Sobre un total de 2.957 alegaciones registradas por las fuerzas de la oposición el pasado año, tan solo serían aprobadas en último término 18: siete para Más Madrid, siete para el PSOE-M y cuatro para Vox.
Si (
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