Maricarmen, vecina de 87 años del barrio madrileño de Retiro, no será desalojada este jueves como estaba previsto. El juzgado encargado de su caso ha comunicado la suspensión del primer intento de desahucio, previsto para este miércoles, ante la ausencia de una solución habitacional por parte de las administraciones públicas. El parón no implica la cancelación definitiva del proceso, pero sí representa un primer paso en la lucha por evitar que pierda su hogar, en el que lleva viviendo desde hace siete décadas.
Desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid celebran la decisión judicial, aunque advierten de que la única salida real pasa por permitir que Maricarmen se quede en su casa. “Esto no va solo de ella, sino del miedo y la inseguridad que sufrimos todas las inquilinas por culpa del rentismo y la especulación”, subrayan. La organización insiste en que la situación de la octogenaria pone de manifiesto la necesidad de “contratos indefinidos y la expropiación de viviendas en manos de fondos especulativos”.
Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha afirmado en declaraciones a los medios que “no le consta” que Maricarmen haya solicitado ayuda a los servicios sociales municipales y le ha recomendado hacerlo. Sin embargo, según el Sindicato, la vecina ya acudió a los servicios sociales antes de recibir la orden de expulsión de su casero, la empresa Urbagestión Desarrollo e Inversión S.L.
Una vida en Sainz de Baranda
Maricarmen reside desde hace 70 años en una vivienda de la calle Sainz de Baranda, en el distrito de Retiro. Su familia firmó el contrato de arrendamiento en 1956, que fue posteriormente subrogado primero a su madre y más tarde a ella. Desde entonces, ha mantenido las condiciones originales: una renta actualizada anualmente según el IPC más los gastos de IBI.
El conflicto se remonta a 2007, cuando la propiedad notificó que el contrato debía darse por extinguido. Maricarmen recurrió a los tribunales, que en primera instancia le dieron la razón. Sin embargo, el Tribunal Supremo falló finalmente a favor de la empresa propietaria el pasado mes de marzo, argumentando que la segunda subrogación —de madre a hija— no se ajustaba a la normativa actual.
El Sindicato de Inquilinas denuncia que la resolución judicial ignora el contexto de la época. “Si este contrato se hubiera firmado hoy, los padres de Maricarmen serían cotitulares y su subrogación se consideraría la primera, lo que habría mantenido el contrato vigente. Las leyes machistas del franquismo impidieron a su madre figurar como titular, dejando a muchas mujeres desprotegidas”, sostienen.
"Esto no va solo de ella, sino del miedo y la inseguridad que sufrimos todas las inquilinas por culpa de la especulación”
La empresa propietaria reclama ahora un nuevo alquiler de 1.650 euros mensuales, una cifra superior a la pensión de 1.450 euros que percibe la vecina. Si no acepta las nuevas condiciones, el contrato se extinguirá de manera definitiva. Pese a ello, Maricarmen mantiene su decisión de no abandonar su casa “cueste lo que cueste”, según indican desde el sindicato.
Maricarmen: "No me van a echar porque tengo un derecho"
Maricarmen ha asegurado que se siente "fuerte" y que no se va a ir de su casa porque tiene un "derecho". "A mí no me van a echar porque tengo un derecho, voy a seguir luchando, mi casa no solo son las paredes, mi casa es mi vida, mis padres han muerto en esta casa", ha comentado en una rueda de prensa en la calle, frente a su casa, organizada por el Sindicato de Inquilinas de Madrid.
Visiblemente emocionada y arropada por un centenar de personas, ha podido escuchar cánticos de apoyo como "Maricarmen se queda", "fuera fondos buitres de nuestros barrios" o "Mari Carmen no estás sola, nos quedamos contigo".
Ha explicado que hay "muchísimos desahucios exprés" en los que a las personas mayores "se las avasalla, se las acosa". Por ello, ha pedido "echar a los especuladores que se están apropiando" no solo de las "viviendas" sino, a su juicio, del "país".
Además, ha contado que los Servicios Sociales le han dado la posibilidad de irse a una residencia pública donde "las listas de espera son enormes" o a un piso tutelado. Si bien, desde el Sindicato de Inquilinas han puntualizado que "la única alternativa" para Maricarmen debe ser "quedarse en su casa".
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