Dávila reclama al Gobierno que agilice la repatriación de 58 menores no acompañados

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha acusado este lunes al delegado del Gobierno en la región, Francisco Martín, de “no hacer absolutamente nada” con los expedientes de menores extranjeros no acompañados que presentan “graves dificultades de adaptación”.

Durante una visita al Centro Ocupacional, de Formación, Oportunidades e Inserción Laboral (COFOIL) de Fuenlabrada, Dávila ha asegurado que la Delegación del Gobierno mantiene paralizados 58 expedientes de repatriación desde el pasado mes de abril. Según ha explicado, estos casos están plenamente fundamentados con informes técnicos que aconsejan la reunificación familiar de los menores en su entorno de origen.

“Desde el mes de abril han empezado a llegar esos expedientes y no han hecho absolutamente nada”, ha denunciado la consejera, quien ha enviado una carta al delegado para exigir la reactivación de los procedimientos.

En el escrito, Dávila reclama al Ejecutivo central “agilizar la tramitación” de los expedientes y comunicar su estado “de inmediato”, además de establecer una coordinación efectiva con la Comunidad de Madrid y reforzar la vigilancia exterior de los centros de protección.

La consejera argumenta que la falta de respuesta por parte del Gobierno “pone en riesgo la protección de los propios menores, la seguridad de los profesionales y el bienestar del resto de jóvenes acogidos”. También ha advertido de que, si la situación se mantiene, “la responsabilidad recaerá en la Administración competente por haber desatendido sus obligaciones”.

Dávila ha recordado que la Comunidad de Madrid ha atendido desde 2018 a más de 11.000 menores extranjeros no acompañados, 1.532 solo en lo que va de año, y ha criticado que el Gobierno central “no haya iniciado ningún expediente de oficio”.

Por último, la consejera ha insistido en que el Ejecutivo regional lleva dos años reclamando una solución al “colapso” de los centros de acogida por la llegada masiva de menores y los “repartos disimulados y forzosos” que, según ha dicho, “ponen en riesgo la protección de los propios menores y la seguridad de los trabajadores”.