En plena vorágine de acusaciones a raíz de la deuda que, aseguran desde el Ejecutivo regional, el Gobierno central mantiene con la Comunidad, desde el área de Familia, Juventud y Asuntos Sociales se continúa trabajando a marchas forzadas con vistas a la entrada en vigor, prevista para el primer trimestre del 2026, de su nuevo decreto de dependencia. Una regulación clave a fin de absorber la creciente demanda en todos los servicios ofertados, derivada a su vez de la explosión demográfica que experimenta la región y, pese a las múltiples campañas de fomento de la natalidad en ciernes, también del envejecimiento progresivo de la misma.
En concreto, de acuerdo con la últimas cifras ofrecidas por la consejería que encabeza Ana Dávila, hasta 203.981 personas reciben asistencia por parte del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia madrileño en la actualidad, hasta 30.594 más que hace apenas dos años, cuando arrancase la vigente legislatura. Esto, en términos globales, arroja un total de 1.274 nuevos beneficiarios adicionales cada mes y, en suma, 286.737 prestaciones, sumando las económicas, servicios de ayuda a domicilio, teleasistencia, promoción de la autonomía personal, plazas en residencias y centros de atención diurna.
Un escenario, en último término, que obliga a la Administración madrileña a actuar. Sobre todo a tenor de la brecha presupuestaria generada por las grandes sumas de dinero que, lamentan, los de Pedro Sánchez adeudan a la región en materia de dependencia: más de 2.430 millones de euros fruto de sucesivos impagos tras el compromiso de asumir hasta la mitad del coste total de las prestaciones incluidas en la cartera pública desde 2019. Algo que "nunca han llegado a cumplir". La deuda, para más inri, se incrementa en cerca de un millón cada día. Una suerte de "yo invito a la fiesta, pero tu pagas", resumen frustrados los de Isabel Díaz Ayuso cada vez que tienen la oportunidad de denunciar la situación.
En la práctica, trasladan fuentes próximas a Dávila, solo el curso pasado se dejaron de transferir a las arcas regionales 387 millones de euros. Los efectos, claro, "grandísimos": 10.000 nuevas plazas en residencias que se dejan de crear, "infinitas" en centros de día, 15 millones de horas de atención a domicilio... "Todo lo estamos sosteniendo desde la Comunidad prácticamente en solitario, con miles de horas de trabajo en las que el Gobierno de España ni está ni se le espera. Ya que no van a colaborar, al menos que lo financie tal y como se comprometió el ministro -de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy. Al mes, el Gobierno financia tres días de atención en residencias y la Comunidad 27", sentencian con indignación.
La principal apuesta de la Comunidad a fin de paliar este déficit pasa por la entrada en vigor del nuevo decreto de dependencia regional. Una vez en marcha, este perseguirá un triple objetivo: reducir los trámites administrativos a los que se ven abocadas las familias, tanto en la evaluación inicial como en las revisiones posteriores, para agilizar el proceso de concesión de ayudas, aumentar las prestaciones vigentes con cuantías que podrían incrementarse hasta en un 50 por ciento para grandes dependientes en situación de precariedad económica, y personalizar, en la medida de lo posible, la atención que reciben los usuarios en función de sus necesidades y preferencias.
A fin de reducir plazos, desde Sol se facilitará que los técnicos encargados de evaluar la dependencia puedan consultar directamente -sin que sea necesario aportarlos por la familia- los informes sociales y de salud mediante la Historia Social Única. En paralelo, los plazos de revisión del Programa Individual de Atención (PIA) y de la capacidad económica se reducen de seis a tres meses.
También se otorgará prioridad a los casos de "especial urgencia". Entre ellos, las personas que se encuentren en cuidados paliativos, enfermos de ELA o personas en situación de vulnerabilidad social, así como los menores de tres años y los mayores de 90, cuyas solicitudes se resolverán, garantizan, en un plazo máximo de 90 días. Asimismo, la Comunidad se compromete a realizar la perceptiva valoración en un máximo de 10 días tras el alta hospitalaria y a aplicar la evaluación conjunta del grado de discapacidad, dependencia y necesidad de atención temprana en niños de hasta seis años.
La guinda a la reducción de burocracia, de la mano de la teleasistencia avanzada para que todos los dependientes que así lo consideren puedan permanecer en su entorno familiar, contando por supuesto con la figura del asistente personal.
En materia de ayudas, el Ejecutivo autonómico incrementará las partidas -en un montante total aún sin especificar- para "facilitar a los beneficiarios el acceso y la libre elección del servicio que deseen". Así, tales subvenciones se verán incrementadas atendiendo a factores como la capacidad económica del núcleo familiar o el grado de afectación. Para muestra, se elevará la cuantía máxima fijada por el Estado para contratar un asistente personal y se prevé un incremento en la prestación por cuidados en el entorno familiar para la contratación de profesionales que apoyen en las tareas del hogar.
Además, mientras se resuelve la concesión de una plaza en un dispositivo público, en muchos casos con amplia lista de espera por delante, el Gobierno regional se compromete a sufragar los costes ligados a la contratación de servicios privados equivalentes. El mecanismo a tal fin, la derivación automática para que se reconozca la concesión de tales ayudas.
"Se trata de que todas aquellas personas que se encuentran en circunstancias de vulnerabilidad tengan todas las facilidades por parte de la Administración para que puedan acceder cuanto antes a todas las ayudas y a los recursos y servicios que necesitan", ha sentenciado al respecto Dávila en un encuentro con la prensa celebrado este martes.
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