Hace tres años, todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Madrid alcanzamos un acuerdo histórico: aprobar las bases de un nuevo sistema público de Servicios Sociales para responder a las necesidades reales de una ciudad moderna. Fue fruto de un proceso participativo sin precedentes, con aportaciones de profesionales, sindicatos, universidades y ciudadanía.
Era un compromiso con miles de familias madrileñas. Pero el Gobierno de Almeida lo ha convertido en papel mojado.
En 2023, tras la presión socialista, se aprobó el Plan Estratégico de Servicios Sociales 2023–2027: 167 páginas, 84 actuaciones, plazos, responsables y 19,16 millones de euros. Todo parecía en orden. Sobre el papel.
Pero la realidad es otra. El plan se exhibe cuando conviene, pero se incumple cuando toca rendir cuentas. Sirva de ejemplo el Observatorio de Servicios Sociales, previsto para evaluar el cumplimiento del plan, que no ha sido convocado ni una sola vez en dos años.
Cuando hemos exigido su constitución -hasta en cinco ocasiones- se nos ha remitido a otros órganos sin competencias sustitutivas.
Ante esta falta de información, el Grupo Municipal Socialista tramitó más de 70 peticiones escritas para conocer el estado del plan: número de profesionales incorporados, centros afectados, actuaciones completadas o pendientes.
La respuesta fue siempre la misma: “El derecho a la información no puede confundirse con el derecho a la confección de un informe ad hoc.”
Setenta preguntas registradas, setenta veces la misma negativa. Una burla institucional a los profesionales, a las organizaciones sociales y a las familias que dependen de estos servicios.
La realidad tras el discurso triunfalista
Estos días, el delegado de Servicios Sociales compareció en comisión. Su relato fue triunfalista: “Todo va según lo previsto”, aseguró, y añadió que se ha ejecutado el 86 % de las actuaciones. Pero ¿es cierto?
El nuevo Reglamento de centros, prometido para 2023–2024, sigue sin aprobarse. Las Unidades de Apoyo con educadores y psicólogos, presupuestadas con 8,5 millones de euros, no están operativas. La carpeta ciudadana digital de servicios sociales, la atención multicanal y la APP para citas… no existen.
Mientras tanto, los Centros de Servicios Sociales viven un caos organizativo. El 010 da citas sin aclarar que no son con la trabajadora social, y los usuarios descubren que su cita real será dentro de tres meses o más.
Se ha creado la figura de los coordinadores, a costa de reducir el número de trabajadores sociales, lo que ha aumentado las listas de espera. Los servicios administrativos están desbordados y, en algunos centros, se han asignado tareas administrativas a empleados de empresas privadas.
El turno de tarde sigue sin reforzarse. Hay centros sin personal administrativo por las tardes. Las bajas se cubren mal y tarde. Los espacios de atención siguen siendo inadecuados por falta de reformas. En algunos casos, un biombo es la única medida para garantizar la privacidad de los usuarios.
Una estrategia de deterioro para privatizar la atención social
Tras dos años de gestión del PP, la conclusión es clara: la opacidad no es casual, es estratégica. No se está construyendo un modelo público y participativo, sino desmantelando el sistema de servicios sociales para privatizarlo.
La estrategia es conocida: deteriorar lo público para justificar su externalización, como ya hacen en Sanidad y Educación donde gobiernan.
Se habla de “integración” mientras se externalizan servicios. Se proclama “calidad” mientras se precariza a los profesionales. Se dice que “se pone a la persona en el centro”, mientras se recortan recursos y se dificulta el acceso.
Y cuando pedimos explicaciones, nos niegan la información. Porque saben que los datos los desmentirían.
Lo que Madrid se merece
Madrid tiene recursos para ofrecer servicios sociales ejemplares. Merece un sistema que prevenga, que trabaje desde lo comunitario y que integre todos los recursos.
Madrid cuenta con trabajadores sociales bien formados y comprometidos, pero necesitan herramientas adecuadas y ratios razonables para ser eficientes.
Madrid merece transparencia: que el equipo de Gobierno rinda cuentas y cumpla los acuerdos firmados. Que no conviertan un compromiso de ciudad en maquillaje político.
Desde el Grupo Municipal Socialista exigimos la constitución inmediata del Observatorio de Servicios Sociales, un informe detallado del estado de las 84 actuaciones, la publicación de protocolos y herramientas, información clara sobre el personal incorporado y transparencia presupuestaria. Todo ello debe ser accesible a la ciudadanía.
No es mucho pedir. Es lo mínimo exigible a un gobierno: transparencia.
El nuevo Sistema Público de Servicios Sociales fue un acuerdo histórico. No podemos permitir que se convierta en una oportunidad perdida.
No por ideología, sino por las familias que acuden cada día a un centro buscando apoyo, soluciones y dignidad.
Ellas no merecen humo. Merecen servicios sociales del siglo XXI. Y nosotros no vamos a dejar de exigirlos.
Si (
No(
