La Asamblea exige al Gobierno de Sánchez auditar el sistema 'Cometa' de pulseras antimaltrato

Aunque el foco de la actualidad política regional se concentraba hoy sobre Valdebebas, de la mano del ansiado inicio de las obras de construcción en la futura Ciudad de la Justicia, la actividad en la Asamblea de Vallecas no se ha detenido. El Pleno de este jueves, de nuevo marcado por la tensión reinante entre las distintas fuerzas en torno al aborto. En concreto, sobre la obligación legal -o no- de elaborar un registro autonómico de médicos objetores. Sin salir del ámbito de la mujer, también sobre la propuesta Popular, vía Proposición No de Ley (PNL), de auditar el funcionamiento del sistema de pulseras antimaltrato 'Cometa' a fin de garantizar su fiabilidad y, de paso, conocer "de manera inmediata y detallada (...) todos sus fallos".

Pese a la frontal oposición del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso a elaborar cualquier tipo de "listas negras", cuestión que se suma, claro, al polémico episodio del "que se vayan a abortar a otro lado" vivido en el último Pleno, lo cierto es que, acorde a la última normativa sobre la interrupción del embarazo, el margen de maniobra del que dispone la Administración regional para negarse a la elaboración del registro de la discordia resulta, a priori, escaso. La última palabra, han vuelto a matizar desde el Grupo Parlamentario Popular, permanece en cualquier caso en manos de los servicios jurídicos de la Comunidad, actualmente en busca de resquicios legales al respecto.

"Utilizan siempre la bandera feminista, pero abandonan los problemas reales de la inmensa mayoría de las mujeres. Problemas que nuestro Gobierno acoge y atiende. Vamos a volver a decirles lo mismo: no me puede volver a hablar con esa ligereza, mentir y decir que no se va a perseguir a nadie en un país donde el aborto es libre y seguro, pero debemos intentar que sea poco frecuente. Lo he dicho ahora y lo diré siempre. No voy a permitir que nadie sea señalado por tomar una decisión u otra. Ni a las puertas de una clínica ni dentro. Ni por parte de un ciudadano, ni de un médico. Me voy a negar a que haya listas negras que persigan a deportistas, artistas, periodistas y, ahora, a médicos. Utilizaré los mismos mecanismos que en otras ocasiones", aseguraba la propia Díaz Ayuso. Eso sí, matizando en todo caso que lo hará "cumpliendo la ley".

Las palabras de la máxima mandataria regional llegaban tras una dura intervención a cargo de la líder de la oposición, Manuela Bergerot. Y es que para la portavoz parlamentaria de Más Madrid a quien realmente se "persigue" en la actualidad no es a los profesionales sanitarios, sino a las mujeres que optan de forma voluntaria por interrumpir su embarazo: "Como mujer, empatizo con usted y la entiendo cuando habla de sufrir un aborto en un embarazo deseado. Se lo digo de corazón, pero eso no tiene nada que ver con el derecho al aborto. Le pido que empatice con las mujeres que quieren abortar sin trabas, sin cuestionamientos, sin implorar a comités éticos, sin fanáticos rezando a las puertas de las clínicas, sin propaganda sobre síndromes falsos, sin una presidenta que les dice que se vayan a abortar fuera... Quienes sufren el acoso son las mujeres y a quienes hay que defender es a las mujeres".

En cuanto a la elaboración del listado de objetores, Bergerot ha recordado además que no la Comunida no dispone de ninguna otra alternativa. Y es que no presentarlo en el plazo fijado por el Ministerio de Sanidad, un mes, sería a todas luces "ilegal". "No ha pasado ni una semana y ya han reculado. Está escondida detrás de su servicio jurídico, pero van a pasar por el aro porque contra las mujeres no se va a ningún lado", apostillaba a renglón seguido.

Coincide, como no podría ser de otra manera, su homóloga socialista, Mar Espinar. "Se puede ser hombre y feminista, como el presidente del Gobierno, o mujer y machista, como usted. Ha sacado a pasear sus dotes dictatoriales y ha mandado a las mujeres a abortar a otro lado, pero no vamos a retroceder 50 años. Las mujeres de Madrid no se lo van a consentir. Concéntrese en cumplir la ley por una vez", espetaba sin pelos en la lengua.

Más allá de la Sesión de Control, la réplica Popular a la controversia despertada en los últimos días ha sido trasladar el debate -o al menos tratar de hacerlo- hacia otro tema que, pese a su extrema gravedad, había pasado ya a un segundo plano mediático: el escándalo de los fallos asociados a las pulseras antimaltrato. El medio elegido, la presentación de una PNL con el objetivo de instar al Ejecutivo central a la "contratación inmediata de una auditoría externa, independiente y transparente sobre el contrato, funcionamiento y fiabilidad del sistema 'Cometa', incluyendo tanto la fase de adjudicación como la implantación y el periodo actual de servicio".

La propuesta, que ha salido adelante gracias a la mayoría absoluta que ostenta el PP en la Cámara de Entrevías, aboga asimismo porque los ministerios de Igualdad e Interior "publiquen de manera inmediata y detallada todos los datos relativos a los fallos del sistema que hayan tenido incidencia directa en la Comunidad de Madrid", incluyendo "número de víctimas afectadas", "número de procedimientos judiciales alterados, archivados o sobreseídos", "tipología de fallos detectados" en aspectos tales como "localización, cobertura o manipulación de dispositivos", entre otros, "duración real de las incidencias" y "protocolos de respuesta activados".

En consecuencia, recoge el texto presentado, se exige "la sustitución urgente e inmediata de los dispositivos instalados actualmente por otros que garanticen la seguridad y restablezcan la confianza de las mujeres víctimas en los sistemas de protección frente a sus maltratadores". Un acuerdo ya alcanzado en el Observatorio Regional de Violencia de Género de la Comunidad del pasado 29 de septiembre.

"Estas pulseras fallaron estrepitosamente. Queremos instar al Gobierno a que haga esa auditoría para conocer las causas, los problemas, conocer el número de mujeres que quedaron desprotegidas para que esto no vuelva a pasar y que el Gobierno más feminista de la historia deje de desproteger a las mujeres, que es lo que han hecho desde que llegaron a La Moncloa", ha defendido el portavoz del Grupo, Carlos Díaz-Pache, antes incluso del inicio del Pleno.

Las críticas de la oposición, por voz de las fuerzas progresistas, pasan por tildar la iniciativa de "oportunista". Un "teatro", dicen, que poco o nada tiene que ver con defender a las mujeres frente a sus maltratadores, sino más bien tratar de dañar, una vez más y por una nueva vía, la imagen de Pedro Sánchez. "Llámeme malpensada, pero igual lo único que quiere su jefa -en referencia a Ayuso- es tensionar al Gobierno de España y, de paso, a su compañero -Alberto Núñez- Feijóo a ver si termina de moverle la silla. Igual es una pedazo de oportunista a la que le dan igual los derechos de las mujeres con tal de tener un titular y salir en prensa nacional atacando al Gobierno", ha aseverado la diputada socialista Lorena Morales.

Tras renocer "errores" que, lamenta, "ya se están estudiando", la diputada de Más Madrid Mariana Paula Arce no ha dudado en cargar tintas contra la "reducción presupuestaria" en políticas de género bajo la firma del Partido Popular: "Que hablen ahora de defender a las víctimas es casi enternecedor. Solo se visten de morado cuando pueden atacar al Gobierno de España. No es feminismo. Es oportunismo". Más aún, añadía, cuando "gobiernan municipios, como Valdemoro, donde que ni siquiera están adheridos al sistema VioGén" fruto de una "decisión política". "Cuesta distinguir donde termina el PP y empieza Vox", ha zanjado.