Para adquirir una vivienda de 60 metros cuadrados en la región, que es el tamaño promedio para una persona que vive sola, una persona trabajadora requiere, en promedio, más de 58,89 años de salario neto. Esto implica destinar el 40 por ciento de sus ingresos, cifra que la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) considera como el umbral de esfuerzo recomendado.
El informe titulado 'Convenios Colectivos y el Derecho a la Vivienda en la Comunidad de Madrid', elaborado por UGT Madrid, revela que acceder a una vivienda en propiedad en esta región se ha transformado en "una misión imposible", afectando "no solo para las rentas bajas sino también a las familias con ingresos medios e incluso medios altos". Esta conclusión se presenta con motivo del Día Mundial por el Trabajo Decente.
El estudio revela que, para adquirir un piso de 60 metros cuadrados en Madrid, cuyo precio medio asciende a 364.860 euros, se requerirían entre 23,3 y 25,7 sueldos anuales completos. Este cálculo se basa en un salario medio neto de 24.758,48 euros en la Comunidad para el año 2024 y considera los niveles salariales más altos y más bajos de diversos sectores analizados, como la hostelería, el comercio, la limpieza de edificios y locales, el sector agrario, la industria del metal, el transporte sanitario y los servicios de atención a personas con discapacidad.
El sindicato señala que en el régimen de alquiler, la situación se presenta como igual o incluso más desfavorable, transformando la vivienda arrendada en la Comunidad en "un bien de lujo". En este contexto, se destina más del 60 por ciento del salario neto al pago del alquiler de promedio, y para aquellos con categorías salariales bajas, el gasto mensual supera incluso los ingresos disponibles.
Un elevado porcentaje de personas se ve obligado a compartir vivienda o, en el caso de la población joven, a posponer considerablemente su emancipación. En 2024, la edad media de emancipación en España alcanzará los 30 años, lo que representa un aumento de 3,8 años en comparación con la media de la Unión Europea (Eurostat). Además, únicamente un 14,8 por ciento de los jóvenes reside fuera del hogar familiar, una cifra que marca el nivel más bajo desde 2006.
Según el sindicato, la situación actual se atribuye "a la especulación y a los grandes tenedores". Además, se hace hincapié en que las estimaciones más precisas en la Comunidad de Madrid indican que hay más de 16.000 apartamentos turísticos ilegales, y recientes informes advierten que nueve de cada diez de estas propiedades no cuentan con el registro administrativo correspondiente.
En el caso de que se considere realizar una compra, el acceso solo sería posible si se ha logrado reunir previamente al menos el 20 por ciento del valor de la compraventa, lo que representa un obstáculo adicional para muchas personas. Además, hay que tener en cuenta una cuota hipotecaria que en la región es, de promedio, de 1.214,9 euros mensuales, lo cual puede equivaler a dos tercios o incluso superar el ingreso neto completo en algunos de los sectores estudiados.
El informe elaborado por UGT advierte que, en ciertos sectores, los salarios tendrían que duplicarse para que las cuotas hipotecarias no superen el 40 por ciento del salario neto de muchos trabajadores, lo cual está diez puntos por encima de lo que establece la Ley de Vivienda. Se ha señalado que un aumento medio del salario en los convenios debería alcanzar el 120 por ciento.
Así, el estudio concluye que la región más afectada por la disminución de los salarios de las trabajadoras en España es la Comunidad de Madrid. En la presentación del informe se destacó que, en septiembre, el precio de la vivienda en esta comunidad alcanza los 7.000 euros por metro cuadrado, lo que representa un aumento del 70 al 80 por ciento en los últimos diez años. Por otro lado, el alquiler medio en la capital se sitúa en 23,9 euros por metro cuadrado, con un incremento del dos por ciento registrado en el segundo trimestre de 2025.
En este contexto, UGT Madrid ha denunciado que la vivienda se ha transformado en el principal impulsor de la desigualdad en España, siendo responsable del 70 por ciento de las disparidades en la riqueza y mostrando una tendencia en continuo aumento. A pesar de tener los salarios más altos del país, los trabajadores asalariados de la región solo representan el 27,6 por ciento de la masa salarial, con un salario medio que se estima por debajo de los 1.500 euros mensuales, según señala la organización sindical.
"Esto significa que, para la mayoría de las personas trabajadoras, más del 45 por ciento del salario lo tiene que destinar al alquiler o la hipoteca, sin contacto con suministros, transporte o alimentación. Y si hablamos de las personas jóvenes, de los jóvenes trabajadores, la situación es aún más grave. El salario medio entre menores de 30 años apenas supera los 1.200 euros netos al mes, con lo que más del 80 por ciento de los jóvenes madrileños no pueden emanciparse", han señalado.
Reclamaciones
El estudio ha sido presentado en la sede UGT por la secretaria de Relaciones Institucionales y Política Sindical, Margarita Domínguez Guijarro, y la secretaria de Igualdad y Política Territorial, Sonia Álvarez Enríquez, que han recalcado que las medidas propuestas por el Gobierno regional no son suficientes, con propuestas como el Plan Vive que presenta precios incluso superiores a los de mercado en algunos casos, o un Bono Joven que es "insuficiente" y "de difícil acceso".
En este contexto, UGT Madrid exige que se aplique de manera "inmediata y efectiva" la Ley Estatal de Vivienda en la Comunidad de Madrid. Además, solicitan que se declaren como zonas tensionadas aquellos municipios donde el esfuerzo para acceder a la vivienda supere el 30 por ciento de los ingresos familiares, con especial énfasis en la capital y su área metropolitana.
"La presidenta -Isabel Díaz Ayuso- incumple una y otra vez el mandato constitucional con su negativa a intervenir en el mercado de la vivienda. En Madrid los precios de la vivienda asfixian a quienes trabajan y los salarios no alcanzan", ha señalado Sonia Álvarez.
Piden además un plan de expansión continua para el parque público de viviendas en alquiler social, enfocándose especialmente en mujeres que han sido víctimas de violencia de género, así como en jóvenes y trabajadores con ingresos bajos.
Asimismo, subrayan la importancia de establecer una regulación "estricta" para los pisos turísticos, así como la implementación de un plan de inspección y sanción "que devuelva al mercado residencial las viviendas desviadas hacia usos especulativos". También proponen incluir el precio de la vivienda como un indicador estructural en la negociación colectiva, junto con información sobre márgenes empresariales "para adecuar salarios a la realidad del coste de vida en Madrid".
Se hace un llamado a establecer espacios de diálogo territorial en la Comunidad de Madrid, donde sindicatos, patronales y administraciones colaboren para coordinar políticas relacionadas con la vivienda y el empleo. Esto es fundamental para asegurar el cumplimiento del artículo 47 de la Constitución, que reconoce el derecho de todos los españoles a contar con una vivienda digna y adecuada, así como la obligación de los poderes públicos de fomentar las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho.
"El derecho a la vivienda no es una aspiración abstracta: es un derecho constitucional, un mandato legal y una exigencia sindical. Exigimos que ningún convenio colectivo en Madrid quede por debajo de los 1.500 euros netos mensuales. En Madrid, tener un trabajo ya no garantiza poder tener una vivienda", han enfatizado.
La presentación de este informe es una actividad enmarcada dentro de la semana de sensibilización ciudadana por el derecho a la vivienda digna promovido por la plataforma Hábitat 24, de la que UGT Madrid forma parte.
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